Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, admitió ante la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, su responsabilidad en un esquema de sobornos y lavado de dinero que desvió millones de dólares destinados a la seguridad pública del país.
La audiencia fue presidida por el juez Edwin G. Torres, y ahora se espera que se programe la fecha de sentencia. De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. la red de corrupción involucró tanto a empresarios como a funcionarios de Honduras y Estados Unidos, y operó durante varios años con sofisticados mecanismos de ocultamiento.
Según la investigación, en 2015 la Tasa de Seguridad Poblacional adjudicó a Georgia Company 1, dirigida por el empresario estadounidense Carl Alan Zaglin, un contrato por más de 4.8 millones de dólares para el suministro de uniformes y accesorios a la Policía Nacional de Honduras.
Detrás de este acuerdo, se firmó un falso “Acuerdo de Intermediación” que encubría pagos equivalentes al 25.4% del valor del contrato, destinados como sobornos a funcionarios hondureños.
Parte de estos fondos ilícitos se canalizó hacia empresas fachada controladas por Cosenza, incluyendo compañías offshore registradas en Belice y en Florida. Documentos y transferencias bancarias revelan que cientos de miles de dólares fueron enviados desde cuentas estadounidenses hacia Belice, evidenciando que Cosenza coordinaba el flujo de sobornos. Correos electrónicos de intermediarios, como el empresario Luis Berkman, reforzaron las pruebas sobre su participación activa.
Entre 2015 y 2017 se emitieron facturas infladas y se movieron fondos a través de múltiples cuentas bancarias, mientras otros contratos bajo sospecha superaban los 10 millones de dólares.
La declaración de culpabilidad de Cosenza no solo refuerza las investigaciones contra otros implicados, sino que confirma cómo recursos clave para la protección ciudadana fueron desviados para enriquecimiento ilícito, debilitando la seguridad pública en Honduras.
En los próximos meses, la Corte determinará la pena que enfrentará Cosenza, la cual podría incluir una condena prolongada y el decomiso de bienes obtenidos a través de estos actos de corrupción.
