Experta internacional: la polarización no debe trabar la Ley de Justicia Tributaria

La jefa del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, un organismo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Zayda Manatta, advirtió este miércoles sobre las serias consecuencias que podría enfrentar Honduras si no aprueba la Ley de Justicia Tributaria.

La experta señaló que, si bien el Foro no crea listas de países no cooperantes, otras instituciones sí utilizan sus evaluaciones para imponer sanciones.

Posibles consecuencias económicas

Manatta explicó que las repercusiones de no avanzar en la transparencia fiscal son de carácter «muy práctico» para la economía del país:

  • Listas de países no cooperantes: La Unión Europea puede incluir a Honduras en su lista de países no cooperantes e imponer sanciones.
  • Impacto en inversiones: Instituciones como el Banco Mundial pueden no realizar financiamientos o requerir garantías mucho más altas si una entidad está en una jurisdicción no cooperante.
  • Aumento de tasas de retención: Otros países pueden aumentar las tasas de retención para pagos a entidades situadas en Honduras.
  • Dificultades en relaciones financieras: Las instituciones financieras corresponsales pueden negarse a asociarse con entidades hondureñas si el país es considerado no cooperante.

La experta enfatizó que la polarización política no debería obstaculizar una discusión de este nivel, ya que las consecuencias serían «muy malas para todo el país».

La urgencia de la reforma

Manatta recalcó la importancia de las reformas de transparencia fiscal, ya que Honduras será evaluada nuevamente en 2027.

“Es muy importante avanzar con las reformas, especialmente las reformas de transparencia, porque esto tiene consecuencias muy prácticas en la vida de los ciudadanos de Honduras”, expresó.

Hizo un llamado a la «urgente discusión y aprobación» de estas reformas, señalando que el 88 % de los países evaluados por el Foro tienen evaluaciones positivas, mientras que el 12 % restante está trabajando para cambiar sus leyes y prácticas.

A la vez, añadió: “No es posible que la polarización política pueda trabar una discusión de este nivel que puede tener consecuencias que son muy malas para todo el país”.


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