Por disposición constitucional el Decreto Legislativo No. 170 – 2006 que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, todas las instituciones del Gobierno están obligadas a rendir cuentas y exponer de manera transparente su administración.

Acción que la Secretaría de Planificación viene realizando responsablemente mes a mes.

Los señalamientos y cuestionamientos que realiza un medio noticioso de una de las grandes cadenas televisivas en relación a la gestión que realiza la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE) del país resulta totalmente irrisorio.

Tratar de problematizar un acto de transparencia en el que se justifica y expone con total claridad las funciones, cargos y sueldos que devengan el personal de dichas Institución solo refleja lo tendencioso e irresponsable que puede ser un medio al tergiversar la verdad.

La gestión pública requiere de personal y por consiguiente de un presupuesto para cubrir con sueldos. Estos deben estar regularizados y adaptados al costo de vida, la cualificación y el trabajo que se realiza.

Demeritar las funciones de estos grupos que laburan esencialmente en la planificación estratégica, el análisis de la realidad y el planteamientos de propuestas que impulsen el desarrollo en el país en base a las políticas públicas, forma parte de las narrativas mediáticas que suelen usar medios anclados a la lógica del poder y la explotación.

En el mismo reporte, desacreditan y minimizan la estrategia comunicativa que coordina la SPE, lo que se ve más bien como un sentimiento de conminación al tener después de más de una década un opuesto, una red de comunicación que informe con la verdad, no oculta los actos de corrupción y señala responsables de actos de injusticia que atentan con la estabilidad y seguridad de la población.

El medio utilizó en su “informe” una expresión “ hay analistas en diversas áreas, incluso de diversidad, género e inclusión”, y resalta discriminativamente la ocupación de cargos a miembros de la comunidad LGTB, como si fueran algo perjudicial para la población.

Acabar con las brechas de desigualdad es una de las prioridades del gobierno que lidera por primera vez en el País una mujer.

Abordar los temas de inclusión y género con diversas perspectivas es profundizar en la problemática y el retroceso que esto representa para los países como el nuestro, con una sociedad altamente conservadora y cegada por una ideología machista que alcanza todos los rincones.

Mismos que dan como resultado estrategias de intervención, con características integrales, justas e igualitarias para todos y todas.

En su “análisis” poco sustentado, pone en cuestión el trabajo y resultados de la SPE, siendo esto muy fácil de debatir. De no existir una planificación estratégica de parte del actual gobierno al haber tomado el mando de un país totalmente destrozado y sumergidos en las redes de corrupción no se estarían percibiendo los resultados positivos que en menos dos años se han podido concretar.

Desde el 2002, bien lo decía Manuel Torres Calderón: “Lo que empieza a imponerse en el país es una deformación interesada de la noticia, con fuentes que manipulan y periodistas que se prestan al engaño.

Engaño que es bien remunerado, en relación al mísero salario que ofrecen los medios tradicionales. No es desconocido que un buen porcentaje de periodistas hondureños subsisten con las coimas que ofrecen, esencialmente políticos corruptos y la empresa privada.

Una década de decadencia en todos los sentidos para el país, también incluyen la degeneración en el medio periodístico y medios de comunicación que con el fin de imponer opinión pública generan una versión de la verdad ajena a la realidad objetiva.

Con un periodismo como este se consolida una antiética profesional basada en la indiferencia total a las consecuencias de una mala información. La reputación o el prestigio social de una persona o una institución pueden ser dañados con absoluta impunidad. Comprobar la veracidad o exactitud de una noticia deja de ser relevante.