La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha sido blanco de una campaña de desinformación que busca vincularla erróneamente con el «saqueo» de millones de lempiras en el caso de Koriun Inversiones, una estafa piramidal que afectó a más de 35,000 hondureños.

Estas acusaciones, promovidas por medios de comunicación y sectores opositores, han sido categóricamente desmentidas por las autoridades y el propio gobierno. Que subrayan el compromiso de Xiomara Castro con las víctimas y la justicia.

El caso Koriun, destapado en abril de este 2025 tras una investigación liderada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y el Ministerio Público (MP), reveló que la empresa operaba ilegalmente bajo un esquema Ponzi, captando fondos de miles de ciudadanos sin autorización alguna.

Las autoridades aseguraron más de 427 millones de lempiras, incluyendo 69 millones en cuentas bancarias vinculadas a Banco Atlántida y Banco Ficohsa, instituciones señaladas por permitir movimientos financieros sospechosos. Iván Velásquez, gerente de Koriun, y su pareja, Kefi Esmeralda Gavarrete, enfrentan cargos por lavado de activos, desobediencia y tenencia ilegal de armas.

Contrario a las narrativas falsas que circulan en medios como Radio Globo «Informa», ICN Digital y Más Noticias Televisión (MNTV), que han intentado relacionar a Xiomara Castro, con el manejo irregular de los fondos, la presidenta ha tomado medidas concretas para proteger a las víctimas.

En un acto calificado como “humanista” por el asesor presidencial Enrique Flores Lanza, el gobierno de Xiomara propuso un proyecto de ley, enviado con carácter de urgencia al Congreso Nacional, para canalizar fondos públicos y resarcir a los afectados.

“Este gobierno no protege a los poderosos, sino que busca justicia para las 35,000 personas estafadas, muchas de las cuales invirtieron sus ahorros, pensiones o prestaciones”, afirmó Flores Lanza.

El presidente de la CNBS, Marcio Sierra Discua, detalló que la intervención de Koriun comenzó tras denuncias de dos empresarios en diciembre de 2024, lo que permitió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectar operaciones irregulares.

Desde entonces, la CNBS y el MP, con apoyo de la Policía Nacional, han trabajado para desmantelar la red criminal, congelar cuentas y asegurar bienes. Sierra también señaló que la derogación en 2017 del artículo 69 de la Ley del Sistema Financiero, bajo administraciones del narcogobierno, facilitó la proliferación de esquemas como Koriun al eliminar sanciones por captación irregular de fondos.

Analistas políticos y fuentes gubernamentales han advertido que el Caso Koriun está siendo instrumentalizado por sectores vinculados al bipartidismo tradicional para desestabilizar al gobierno de Xiomara y afectar la candidatura de Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), en un año electoral.

“Es una estrategia clara para opacar los logros del gobierno socialista y sembrar desconfianza en la población”, afirmó el vicecanciller Gerardo Torres. Acusaciones como las que vinculan a la presidenta Castro con el “saqueo” de fondos carecen de evidencia y han sido desmentidas por las acciones transparentes de las instituciones involucradas.

La CNBS ya presento una resolución para la liquidación forzosa de Koriun, y a traves del MP se han incautado 14 vehículos los cuales serán subastados y con el dinero recolectado se les dará a los afectados. Mientras el gobierno continúa definiendo los criterios legales para garantizar una compensación justa a las víctimas. “Lejos de cualquier complicidad, el gobierno de Xiomara Castro ha actuado con firmeza para detener esta estafa y proteger a los hondureños afectados”, aseguró Sierra.

Las autoridades han instado a la ciudadanía a no caer en rumores ni desinformación promovidos por medios y actores políticos con intereses electorales. En un contexto de polarización, el gobierno reafirma su compromiso con la justicia y la defensa de los derechos de las víctimas de Koriun, mientras trabaja para evitar que casos similares se repitan en el futuro.