El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon Herrera, arremetió contra el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), asegurando que el intento de beneficiar al diputado liberal Jorge Cálix con una inscripción ilegal a candidato es un conflicto político y no un problema jurídico.
Dixon afirmó que la Ley Electoral es clara al prohibir la participación en las elecciones generales a candidatos vencidos en la contienda primaria y que ahora pretenden ser inscritos con cambios de domicilio, pero son los intereses externos los que fuerzan una interpretación de las leyes que son incorrectas.
«Quien produce el problema jurídico es el político»
El legislador desestimó la supuesta complejidad legal del caso Cálix, comparando la situación con anteriores crisis constitucionales.
«Es mentira que es un tema jurídico, no es un problema jurídico porque cuando la ley es clara no hay problema. Quien produce el problema jurídico es el político», sentenció Dixon.
Señaló que, cuando la ley es clara, las «interpretaciones» solo sirven para generar un «conflicto político» con el fin de manipular la normativa.
Presión de los «intereses de afuera» en el TJE
El diputado de LIBRE fue directo al señalar que la falta de acuerdo entre los magistrados del TJE se debe a que están escuchando a actores externos.
«Si estos tres magistrados del Tribunal de Justicia Electoral se sientan, apagan sus teléfonos y dejan de estar escuchando a gente, a líderes… se van a la ley y a la Constitución. Inmediatamente van a llegar a un acuerdo», afirmó, sugiriendo que las decisiones se toman por influencia externa.
Dixon, quien fue exfiscal del Ministerio Público, confesó que ahora, como político, comprende perfectamente por qué en el pasado se daban liberaciones o cartas de libertad inexplicables a pesar de la existencia de pruebas contundentes: «Hoy yo entiendo el por qué, porque soy político. Hoy yo entiendo todo aquello que yo no me podía explicar como fiscal».
La hipocresía del diputado Cálix
Finalmente, Dixon subrayó la hipocresía en la posición de Jorge Cálix, quien busca desestimar la ley que él mismo ayudó a crear.
«De hecho, esa misma ley electoral que hoy no le permite, por ejemplo, al compañero Jorge Cálix inscribirse, él fue parte de la redacción del proyecto. Él revisó esos artículos, él firmó el dictamen y hoy él mismo que firmó el dictamen dice que la ley dice otra cosa», concluyó Dixon, insistiendo en que el problema es político y se debe a «esos intereses de afuera.»

