Fiscales de delitos electorales acompañados por miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se apersonaron este miércoles a las instalaciones del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), para realizar un secuestro de documentos.

Las autoridades del Ministerio Público (MP), no han revelado el motivo de la acción pero se presume sea una investigación realizada tras las denuncias del magistrado Mario Morazán en torno a las amenazas divulgadas en un audio en donde el magistrado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, ejerce actos intimidatorios en su contra.

Asimismo, por sus actuaciones catalogadas como ilegales con respecto a la resolución de la candidatura del diputado Jorge Cálix.

Cabe mencionar que, dichas acciones carecen de legalidad ya que la determinación debía ser aprobada por el pleno que lo conforman tres magistrados, no dos y tampoco se incorporó ningún suplente.

La resolución no está refrendada por el Secretario General, ni Secretaria Adjunta y tampoco participaron en la sesión.

Mario Flores, quien representa al Partido Nacional estaba RECUSADO, por lo que no podía él conocer su propia recusación y decidir que se inadmitía la misma.

El Consejo Nacional Electoral NO está en la obligación de obedecer una orden ILEGAL y llena de vicios de NULIDAD, tiene que hace prevalecer la Constitución y la ley.

La denuncia de «Viles amenazas y coacciones»

El magistrado Morazán denunció públicamente que ha sido víctima de «viles amenazas y coacciones» por negarse a validar actuaciones ilegales. Según su publicación, la presión buscaba que él «participe, valide y/o habilite actuaciones ilegales» relacionadas con las inscripciones a diputados al margen de la Ley Orgánica y Procesal Electoral.

Morazán afirmó haber grabado las conversaciones —incluyendo las amenazas recibidas en privado— para exponer el plan de «violentar la Ley mediante el uso de la violencia y amenazas de destruir mi imagen».

Pese a las amenazas y a la insistencia de Flores Urrutia en asegurar que tenía «presiones» de la cúpula de LIBRE y supuestos vídeos incriminatorios, Morazán aseguró que la evidencia nunca fue presentada.