El Ministerio Público (MP) ha anunciado el comienzo de una «fuerte investigación» por la presunta alteración de los resultados electorales, luego de recibir una denuncia formal y grabaciones que, según el fiscal general Johel Zelaya, evidencian una «asociación ilícita» entre una consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), un diputado y un militar activo.

Zelaya fue categórico al señalar que «cualquier intento deliberado para alterar, obstruir o manipular los resultados electorales constituye un atentado directo contra la democracia, un delito de traición a la patria de naturaleza imprescriptible».

Traición a la Patria

El titular del MP enfatizó la gravedad de las acusaciones, detallando que la suplantación de la soberanía popular se castiga con una pena de prisión de 15 a 20 años y la inhabilitación absoluta por el doble de ese tiempo.

La denuncia fue presentada por el consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, e incluye grabaciones que apuntan a una conspiración para «alterar la voluntad popular del pueblo imponiendo un resultado en el nivel electivo presidencial» el 30 de noviembre.

El Fiscal Zelaya resaltó que el CNE es una «institución de seguridad nacional».

En consecuencia, el Ministerio Público ha girado instrucciones precisas a diversas fiscalías especializadas, incluyendo la de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la de Defensa de la Constitución y la de Delitos Electorales, así como a la Dirección Policial de Investigación (DPI).

Dichas unidades deberán ejecutar acciones investigativas, que incluyen: asegurar la cadena de custodia de los audios, realizar pericias, documentar indicios electrónicos y citar a los testigos, todo bajo la «estricta observancia del debido proceso».

El MP actuará en el ejercicio de su función constitucional y en defensa de la soberanía popular, cuya responsabilidad puede ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.