El caso de San Pedro Sula revela algo más que simples adjudicaciones municipales: pone al descubierto redes de corrupción institucionalizadas donde un familiar de suma confianza del alcalde Roberto Contreras, como lo es su yerno Steve Fajardo, se convierte en un actor clave en maniobras para adjudicar contratos públicos multimillonarios favoreciendo a amigos, parientes o empresas vinculadas, a través de artimañas legales que incurren en delito y que son ampliamente penadas por la ley.

Cabe recordar que, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra Steve Adolfo Fajardo Vargas, yerno del alcalde, así como otros funcionarios y particulares. Por un presunto fraude de más de L 45.5 millones cometido entre julio de 2023 y abril de 2024 mediante 33 contratos fraudulentos con la empresa HERCOD S. de R.L.

Una de las prácticas centrales en esta red es el fraccionamiento de contratos, es decir dividir obras o compras mayores en varias menores para que cada uno de esos fragmentos pueda adjudicarse por contratación directa o licitación privada, eludiendo así los procedimientos más transparentes obligatorios para montos más altos. Desafortunadamente, es una práctica común utilizada por redes de corrupción para malversar fondos públicos.

De los 33 contratos señalados, 26 fueron adjudicados de forma directa, y solo 7 mediante licitación privada. Muchos carecen de garantías legales como anticipo, informe de avance o verificación de la ejecución de las obras.

Steve Fajardo, sin ocupar necesariamente un cargo público formal en todos los casos, aparece vinculado a la operativa: aparece en reuniones con funcionarios municipales, influenciando decisiones, favoreciendo empresas vinculadas familiarmente. Josué David Fajardo Hernández, su tío, figura también en movimientos societarios y traslados de fondos.

Esto evidencia la doble moral de Roberto Contreras quien públicamente se la pasa hablando del familión cuando la realidad es que su familión está cometiendo corrupción con los fondos municipales, todo bajo su protección y aparente tolerancia.

Estas prácticas chocan directamente con el discurso anticorrupción que Roberto Contreras ha proclamado desde su campaña. Contreras prometió implementar “una lucha frontal contra la corrupción”, especialmente en lo que respecta a las adjudicaciones de infraestructura pública.

Sin embargo, lo que ahora se investiga evidencia lo contrario: el uso de vacíos legales, de compras fraccionadas y adjudicaciones directas para otorgar beneficios a su círculo cercano, lo cual no solo erosiona la transparencia, sino que parece apuntar a un patrón sistemático.

La ley hondureña contempla mecanismos para prevenir estas irregularidades. La Ley de Compras Eficientes y Transparentes a través de Medios Electrónicos (Decreto No. 36-2013) regula los procedimientos de contrataciones públicas, incluyendo modalidades que exigen licitación, cotizaciones, garantías y transparencia mediante catálogos electrónicos y convenios marco.

En síntesis, fraccionar contratos para evadir estos requisitos, aprobar pagos sin verificar ejecución, o adjudicar sin cumplir con lo establecido en la ley, son violaciones legales graves que constituyen delitos de tráfico de influencias, fraude, abuso de autoridad y lavado de activos.

En el expediente fiscal presentado por el Ministerio Público ya se ha solicitado prisión preventiva para varios de los acusados, y se han emitido órdenes de captura. Steve Fajardo quien actualmente es prófugo de la justicia, es uno de los principales señalados como cabecilla de esta red de corrupción municipal.