Las elecciones generales de 2013 y 2017 en Honduras quedaron marcadas por severas denuncias de fraude electoral que han tenido profundas consecuencias para la institucionalidad democrática del país.

En el centro de estos escándalos se encuentra David Matamoros Batson, entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), señalado como el principal operador de un entramado de manipulación de resultados que favoreció a Juan Orlando Hernández y contribuyó al debilitamiento de la credibilidad ciudadana en los procesos electorales, todo ello, con la íntima colaboración del Partido Liberal de Honduras.

David Matamoros Batson fungió como presidente del TSE durante las elecciones generales de 2013 y 2017, y su gestión fue duramente cuestionada por sectores nacionales e internacionales. Durante ambos comicios, Matamoros no solo fue acusado de actuar con parcialidad a favor del Partido Nacional, sino también de encubrir y facilitar prácticas irregulares en la transmisión y conteo de votos.

En 2017, las denuncias alcanzaron su punto más álgido. El día de la elección, luego de una ventaja sostenida por la Alianza de Oposición, el sistema de transmisión de resultados TREP colapsó durante varias horas. Cuando volvió a funcionar, inexplicablemente, la tendencia se había invertido en favor de JOH generando lo que se conoce como “la curva de Batson”, una anomalía estadística que fue descrita por observadores como “altamente inverosímil”.

A pesar de las protestas masivas y las recomendaciones de la OEA para realizar nuevas elecciones, Matamoros Batson defendió la validez de los resultados, desoyendo la indignación popular y validando un proceso que muchos consideran uno de los fraudes más descarados en la historia electoral del país.

Ya en 2013, las elecciones habían sido objeto de serias sospechas. La ausencia de un sistema automatizado confiable y la opacidad en el manejo de actas pusieron en entredicho la transparencia del proceso. Sin embargo, fue en 2017 cuando el uso del TREP se convirtió en la pieza clave para consumar el fraude.

Expertos en tecnología electoral han señalado que el (TREP) TREP fue diseñado sin garantías de seguridad, y su manipulación fue facilitada por la falta de supervisión ciudadana y de los partidos de oposición. La caída del sistema en un momento crítico permitió la intervención humana para alterar los resultados. La “curva de Batson”, como se denominó a la gráfica que mostró la repentina remontada de JOH, fue desacreditada por analistas nacionales e internacionales como estadísticamente incoherente.

La OEA, en su informe final sobre los comicios de 2017, concluyó que el proceso “se vio caracterizado por irregularidades, errores e incidentes sistemáticos que hacen imposible tener certeza sobre los resultados”.

Uno de los aspectos más graves de los fraudes de 2013 y 2017 fue la instromisión humana en el sistema de transmisión de resultados. Según denuncias presentadas por técnicos, fiscales y partidos políticos, los resultados pasaban por una especie de “filtro humano” antes de ser divulgados públicamente. Solo las actas que favorecían al oficialismo eran procesadas con celeridad, mientras que las que beneficiaban a la oposición eran retrasadas, observadas o incluso desaparecidas.

Esta manipulación convirtió al TREP en una herramienta para consolidar el fraude, y no en un mecanismo de transparencia. El sistema no solo fue vulnerado técnicamente, sino que fue intervenido deliberadamente para distorsionar la voluntad popular.

Las secuelas del fraude fueron devastadoras. En 2017, tras la reelección ilegítima de Juan Orlando Hernández, se desató una ola de protestas a nivel nacional. La respuesta del Estado fue brutal: más de 30 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad, según organismos de derechos humanos. La crisis profundizó la desconfianza ciudadana en las instituciones y debilitó el tejido democrático del país.

El aval que Matamoros Batson dio a esos procesos dejó una herida abierta en la memoria colectiva hondureña. Los fraudes de 2013 y 2017 no solo alteraron resultados, sino que rompieron el pacto democrático entre los ciudadanos y el Estado. Mientras no haya justicia ni reformas profundas, el fantasma de esos fraudes seguirá ensombreciendo cada proceso electoral en Honduras. La historia juzgará a quienes tuvieron en sus manos la oportunidad de garantizar democracia, pero eligieron sostener el poder por medios ilegítimos.