El gobierno de LIBRE oficializó este 29 de septiembre una nueva prórroga de 45 días al estado de excepción parcial, que se extenderá hasta el 12 de noviembre.

La medida, establecida mediante el decreto PCM 28-2025, busca intensificar los operativos contra la extorsión, los asesinatos, el narcotráfico, los robos y los secuestros, flagelos que continúan afectando a las comunidades más vulnerables del país.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad, desde la implementación de esta política se han realizado más de 5,000 capturas por delitos de extorsión, 79,000 detenciones por diversas faltas, 22,000 órdenes de captura ejecutadas y más de 63,000 allanamientos.

LA EXTENSIÓN PERMITE DESARTICULAR ESTRUCTURALES CRIMINALES

El comisionado Miguel Martínez Madrid, destacó que, la extensión permitirá continuar desarticulando estructuras criminales y reforzar la presencia de la Policía Nacional en zonas consideradas de alto riesgo. En barrios y colonias populares, donde el crimen organizado suele imponer su control, la medida representa un alivio temporal, aunque la población insiste en que la seguridad debe acompañarse de políticas sociales que atiendan las causas profundas de la violencia.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, calificó el estado de excepción como una herramienta jurídica extraordinaria que brinda mayores facultades a la Policía Nacional y a la Policía Militar. Según el funcionario, esta flexibilidad legal permite actuar con mayor rapidez frente a organizaciones criminales que históricamente se han beneficiado de la debilidad institucional y de la corrupción en los aparatos de justicia.

El gobierno no descarta prolongar la medida más allá del 12 de noviembre, dependiendo de los resultados de los operativos. Sin embargo, diversos sectores sociales y defensores de derechos humanos advierten que los estados de excepción no pueden convertirse en una normalidad, ya que corren el riesgo de limitar libertades ciudadanas sin resolver de raíz la inseguridad.