El Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanzó un acuerdo con las autoridades hondureñas sobre las dos primeras revisiones del acuerdo económico que firmaron en  2023, por el que se desembolsarán alrededor de 200 millones de dólares.

Este acuerdo refleja un conjunto de políticas y reformas integrales necesarias para completar la primera y segunda revisión del Servicio de Crédito Ampliado (SCA) y el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Dicho acuerdo está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI en las próximas semanas, y su implementación traerá importantes beneficios económicos y sociales al país.

El gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, ha demostrado un compromiso claro con el cumplimiento de sus metas fiscales y económicas. La política fiscal ha sido prudente y ha permitido un crecimiento sostenido de la inversión pública.

A su vez, se ha iniciado la normalización de las políticas monetarias y cambiarias para estabilizar la inflación y proteger las reservas internacionales. Estos logros han sido posibles gracias a una sólida gestión financiera y a un enfoque claro hacia el crecimiento económico inclusivo y sostenible.

Reformas destacan cinco pilares fundamentales

El acuerdo destaca cinco pilares fundamentales: En primer lugar, la continuación de la disciplina presupuestaria para preservar la sostenibilidad de la deuda.

Segundo, reforzar el gasto social para proteger a los más vulnerables. Tercero, la aplicación decisiva de las políticas monetarias y cambiarias para mantener baja la inflación y salvaguardar las reservas internacionales.

Cuarto, mejorar la salud del sector energético, el equipo se sintió alentado por la reciente tendencia decreciente en las pérdidas de electricidad por parte de la ENEE. Quinto, un compromiso firme con el combate de la corrupción.

Uno de los aspectos más importantes del acuerdo es el enfoque en reforzar el gasto social para proteger a los más vulnerables. El gobierno ha priorizado la implementación del programa Red Solidaria y la creación de un Sistema Único de Información del Sector Social, con el fin de mejorar la transparencia y la eficacia de los programas sociales.

Estas acciones están diseñadas para garantizar que los beneficios del crecimiento económico lleguen a todos los sectores de la población, especialmente a aquellos en situación de extrema pobreza.