Después de más de una década de abandono estatal al sector agropecuario, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), anuncia una inversión histórica de L. 2,450 millones para el 2025, en respaldo directo a más de 1 millón de productores hondureños.
Con esta inversión, el Gobierno de LIBRE pone en marcha tres programas clave: el Bono Tecnológico Productivo, el Bono Ganadero y el Bono Cafetalero, iniciativas que marcan un antes y un después para el agro nacional.
“El campo estaba olvidado, pero hoy el agro vuelve a ser prioridad. Esta inversión no solo es histórica, es necesaria para rescatar nuestra soberanía alimentaria”, han afirmado funcionarios de la SAG.
¿CÓMO SE DISTRIBUYEN LOS FONDOS?
1. Bono Tecnológico Productivo (L. 1,700 millones)
Dirigido a más de 650,000 pequeños productores de granos básicos como maíz, frijol, arroz y sorgo. Se entregarán semillas certificadas, fertilizantes, kits de insumos agrícolas y asistencia técnica con enfoque productivo y alimentario.
2. Bono Ganadero (L. 400 millones)
Destinado a 120,000 ganaderos, este bono fortalecerá la genética del hato nacional, mejorará la nutrición animal y ofrecerá capacitación especializada, dinamizando un sector duramente golpeado por la falta de inversión durante los últimos gobiernos.
3. Bono Cafetalero (L. 350 millones)
Apoya a casi 120 mil productores de café con fertilizantes, kits fitosanitarios, herramientas y asistencia técnica, todo con el objetivo de elevar la calidad y rendimiento del café hondureño en los mercados nacionales e internacionales.
Desde el golpe de Estado en 2009 y durante las administraciones posteriores, el sector agropecuario fue sistemáticamente desfinanciado, relegando al olvido a miles de pequeños y medianos productores. Hoy, el gobierno de Xiomara Castro revierte esa política, poniendo al agricultor como eje del desarrollo nacional.
Este plan de inversión es el más grande en más de 15 años y forma parte de la apuesta del gobierno por la soberanía alimentaria, la justicia rural y la inclusión económica del campo hondureño.
