El gobierno de Honduras, liderado por la Presidenta Xiomara Castro, ha intensificado sus esfuerzos en defensa del ambiente con una intervención directa en el río Cangrejal, uno de los afluentes más importantes del país y reserva clave de biodiversidad.
La acción fue encabezada por la Procuraduría General de la República (PGR), en coordinación con el Programa Padre Andrés Tamayo (PPAT), el Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el Segundo Batallón de Protección Ambiental de las Fuerzas Armadas.
Durante una operación de campo realizada en múltiples puntos del cauce del río, se identificaron graves irregularidades ambientales cometidas por empresas que, sin autorización legal, desarrollan actividades de extracción de material no metálico —grava y arena— en zonas vulnerables y protegidas.
Entre las principales violaciones documentadas por los técnicos ambientales y efectivos del Comando C-9 de las Fuerzas Armadas, se identificó la construcción de dos muelles de aproximadamente 95 metros de largo cada uno, dentro del cauce natural del río. Estas estructuras fueron diseñadas para facilitar el ingreso de maquinaria pesada y el acarreo de material extractivo, alterando drásticamente el curso del agua y provocando un impacto ambiental severo.
Además, se confirmó la presencia activa de maquinaria pesada utilizada sin licencia ambiental ni supervisión técnica, lo que pone en riesgo la estabilidad de los ecosistemas ribereños y contribuye al deterioro progresivo del entorno natural.
Ante estas violaciones, la PGR procedió a citar a las empresas responsables e inició el proceso de investigación formal, sustentado en un informe técnico detallado elaborado por las entidades interinstitucionales.
El objetivo, subrayó la Dirección General de Ambiente, es poner un alto a la explotación irracional de los recursos naturales y sentar precedentes legales frente a actores que históricamente han operado con total impunidad.
DEFENSA AMBIENTAL COMO POLÍTICA DE ESTADO
Esta operación responde directamente a las políticas ambientales impulsadas por el gobierno de LIBRE, que ha reiterado su compromiso con la protección de los bienes comunes y el cumplimiento de las leyes que salvaguardan el patrimonio ecológico nacional.
Desde el inicio de su mandato, la presidenta Xiomara Castro ha instruido a las instituciones del Estado a trabajar de forma coordinada, activa y firme frente a cualquier acto de depredación ambiental, con especial énfasis en territorios con alta riqueza natural como La Ceiba.
Esta intervención en el río Cangrejal marca un precedente importante en la vigilancia de los ríos y zonas de extracción, muchas veces explotadas por empresas con intereses económicos por encima del bienestar colectivo.
Las investigaciones siguen en curso y se espera que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos. El mensaje es claro: el extractivismo ilegal no será tolerado, y el Estado está dispuesto a actuar en defensa del país, sus ríos y su gente.
