Honduras ha logrado reducir en un 12 % la inseguridad alimentaria entre 2022 y 2024, según el más reciente informe de la Clasificación Integrada por Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF), conformada por agencias de la ONU. Este resultado, presentado ante las autoridades nacionales, refleja un cambio significativo en la lucha contra el hambre, impulsado por políticas públicas que priorizan la producción nacional, la equidad rural y la protección social.
La ministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Elena Suazo, explicó que en 2021 el 28 % de la población hondureña enfrentaba inseguridad alimentaria aguda, cifra que en 2025 se redujo al 16 %. Los casos catalogados como “emergencia alimentaria” también disminuyeron drásticamente, pasando del 7 % al 0.62 %. “Este avance es producto de políticas públicas enfocadas en fortalecer la producción nacional, mejorar la respuesta ante emergencias y garantizar el acceso a alimentos para las familias más vulnerables”, destacó la funcionaria.
La alimentación escolar: un pilar del progreso social
Uno de los ejes centrales de esta transformación ha sido el programa de alimentación escolar, que durante 2025 benefició a más de 1.2 millones de niños y niñas en centros educativos públicos. Este esfuerzo no solo asegura una ración diaria de alimentos nutritivos, sino que promueve la compra directa a productores locales, generando empleo, fortaleciendo economías campesinas y revitalizando el tejido social en las comunidades rurales.
El director del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Honduras, Paulo Olivera, destacó que “Honduras es un ejemplo de cómo la colaboración entre gobierno, organismos internacionales y comunidades puede traducirse en resultados tangibles”. Olivera subrayó que invertir en alimentación, educación y producción local no solo combate el hambre, sino que impulsa el desarrollo sostenible y fortalece la resiliencia frente al cambio climático.
La ministra Suazo reiteró que estos resultados son fruto del trabajo conjunto entre el Estado, la cooperación internacional, las alcaldías, las iglesias y las organizaciones comunitarias. Más de 500 extensionistas agrícolas han sido desplegados en todo el país para apoyar la producción, el almacenamiento y la asistencia técnica. “Más de un millón de personas han superado las fases críticas de vulnerabilidad alimentaria, pero el reto continúa, concluyó la ministra, avanza hacia un modelo de desarrollo más inclusivo, solidario y soberano.
