El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), ejecutó hoy una importante operación de privación de dominio, asegurando e incautando un total de 42 bienes ligados a los hijos y socios de Gustavo Chinchilla, el acribillado propietario de las tiendas El Bombazo.
Estas propiedades, que incluyen 17 inmuebles, 12 vehículos y 13 sociedades mercantiles, son señaladas de haber sido adquiridas con dinero ilícito, proveniente del tráfico de drogas.
La acción judicial, apoyada por la Policía Militar del Orden Público (PMOP), se desplegó en los departamentos de Cortés, Copán, Comayagua e Intibucá, afectando a la que se presume es una red de blanqueo de capitales que, tras la muerte de Chinchilla en 2014 en San Pedro Sula, habría continuado operando para lavar activos de origen ilícito.
#MP asegura bienes a núcleo familiar del extinto propietario de tiendas El Bombazo por su vinculación en el lavado de activos derivado del tráfico de drogas https://t.co/lP4r5bfJ3v pic.twitter.com/bW1oCPh6ky
— Ministerio Público (@MP_Honduras) September 16, 2025
Red de lavado de activos ligada a tiendas «El Bombazo»
La investigación se inició a raíz de denuncias anónimas presentadas en el año 2018. Estas denuncias señalaban a un individuo de nombre Leopoldo Álvarez Ayala como un importante traficante de grandes cantidades de drogas, que movilizaba cargamentos a través de puntos ciegos en la frontera entre Honduras y Guatemala.
Las pesquisas de la DLCN arrojaron que las actividades de blanqueo de capitales de esta organización criminal vinculaban directamente a Jerry y Gustavo Chinchilla, hijos del fallecido dueño de El Bombazo, en sociedad con un supuesto hijo de Miguel Arnulfo Valle Valle y otras personas consideradas miembros clave de esta estructura
De acuerdo con los detectives de la DLCN, la organización inyectaba los fondos obtenidos del narcotráfico en las empresas y sociedades mercantiles aseguradas hoy, dándoles una apariencia de legitimidad. Con este capital, se adquirieron las propiedades y los vehículos que ahora han sido incautados.
El propósito de esta operación es golpear la estructura financiera de la red, impidiendo que los bienes adquiridos de forma ilícita puedan ser utilizados o transferidos por los sospechosos.
La acción de privación de dominio es un paso fundamental para que el estado pueda tomar el control de estos activos y, en su momento, destinarlos a beneficio de la sociedad hondureña, una vez que se complete el proceso legal.
Esta operación demuestra la continuidad de los esfuerzos de las autoridades para combatir el crimen organizado y el lavado de activos, afectando no solo a los cabecillas de las redes, sino también a sus estructuras de apoyo, que permiten a estas organizaciones criminales mantener y expandir su poder económico.
La lucha contra el crimen organizado es una prioridad continua para el Estado hondureño, y esta operación demuestra la voluntad del gobierno de la presidenta Xiomara Castro de fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, como el Ministerio Público (MP), para desarticular las estructuras financieras del narcotráfico.
