A lo largo de los años, han surgido acusaciones de corrupción y abuso por parte de esta empresa. Se ha denunciado que Dialisis de Honduras ha aprovechado su posición dominante en el mercado para aumentar los precios de los tratamientos, dejando a muchos pacientes sin la posibilidad de recibir la atención que necesitan. Además, se encuentre entre los principales 25 grupos ecónomicos del país que cuentan con exoneraciones, formando parte de las redes de corrupción público privadas que ha denunciado el ministro del SAR, Marlon Ochoa.

La empresa mantuvo una estrecha relación con la narcodictadura, altos funcionarios del gobierno de JOH recibieron sobornos por parte de la empresa, a cambio de protección y beneficios económicos.

Esta situación ha generado una gran indignación en la población hondureña. Los pacientes diabéticos, quienes dependen de la diálisis para sobrevivir, se han visto afectados directamente por esta situación. Muchos de ellos han tenido que abandonar el tratamiento debido a los altos costos, lo que ha puesto en peligro su vida.

En la Secretaría de Salud se desarrolla una auditoría exhaustiva con el objetivo de determinar si existen irregularidades y tomar las medidas necesarias para garantizar la transparencia en la prestación de servicios médicos, en este proceso, el diputado por el PSH y vocero del BOC, Carlos Umañana ha salido al paso para entorpecer el proceso, llamando a los pacientes a tomar instalaciones y a los médicos a abandor sus labores.

Umañana desvía la atención del punto central, el cual es que el servicio de diálisis que esta monopolizados, detrás de las protestas mal intencionadas y las acciones de presión que ejercen presuntos pacientes y profesionales de salud para que sea esta empresa quien siga brindando un servicio que el Estado mismo puede brindar sin necesidad de la tercerización, se encuentra el Dr. Umaña, quien responde a intereses oscuros de quienes quieren seguir precarizando el sistema de salud público para beneficiar privados.

Dialisis de Honduras SA participa en licitaciones públicas y privadas creando una serie de empresas fantasmas que en mucho de los casos ni siquiera cumplen con los requisitos para ser proveedor del Estado estipulados por la ONCAE, a través de estas empresas, el mismo consorcio ecónomico brinda los servicios al Estado con precios sobrevalorados, cada que la Secretaría de Salud quiere auditar y/o intervenir en esta red de corrupción público privada aparecen figuras como Umaña para entorpercer los procesos.

Durante la Narcodictadura a través de los infames Fideicomisos de Salud que fueron derogados en el 2022, Dialisis de Honduras en contubernio con la Banca Privada alcanzó contratos multimillonarios con el Estado de Honduras, no es de extrañar que Umaña defienda los Fideicomisos y pida que sea la banca privada quien maneje las compras en la Secretaria de Salud, en el 2015 el contrato entre el Gobierno y Diálisis de Honduras ascendió a L.300, 756,976.72. El pago se dio en el marco del contrato 1310, aprobado por el presidente, Juan Hernández y suscrito entre la secretaria de Salud, Yolani Batres y la administradora general de Diálisis de Honduras, S.A. de C.V., Claudia Patricia Molina Ortiz, mismo por el cual ahora Diálisis de Honduras sostiene un litigio en perjucio de la Administración Pública. ¿Tienen el valor de demandar al Estado por incumplimiento de pago por un servicio que está probado nunca brindaron?, peor aún, ¿Con qué cara Umaña culpa a la Secretaria de Salud?, cuando es un defensor de las redes de corrupción que dice combatir.

Las acciones de la Presidenta por ampliar la cobertura incluye la creación de más centros de diálisis en áreas rurales y la implementación de programas de educación y prevención de enfermedades crónicas como la diabetes. De esta manera, se busca no solo garantizar el acceso a la diálisis, sino también prevenir la aparición de enfermedades que requieran este tipo de tratamiento.