Wilson Paz Reyes, director Ejecutivo del Instituto Nacional de Migración (INM), ha confirmado que la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños será discutida con la administración de Donald Trump en el mes de mayo.
Esta noticia llega en un momento clave, ya que aproximadamente 1.5 millones de hondureños viven en los Estados Unidos y dependen de este estatus para regularizar su situación migratoria.
El Estatus de Protección Temporal es un mecanismo que permite a los ciudadanos de ciertos países vivir y trabajar en EE. UU. de forma legal durante un período determinado. En el caso de Honduras, el TPS actual vence el 5 de julio de 2025. Por ley, cualquier extensión debe ser anunciada al menos 60 días antes de esa fecha, lo que significa que la discusión sobre la extensión del TPS para los hondureños se definirá a más tardar en mayo
Aunque recientemente se anunció que países como El Salvador y Nicaragua recibirán extensiones, otros países, incluidos Honduras y Sudán del Sur, no fueron incluidos en este paquete. Las autoridades estadounidenses explicaron que esta decisión responde a un marco normativo que solo abarca países con fechas de vencimiento cercanas.
El gobierno de Xiomara Castro, a través del INM y el canciller Eduardo Reina, está trabajando activamente en la negociación de la extensión del TPS. El 4 de diciembre de 2024, el canciller Reina, envió cartas al secretario de Estado Antony Blinken y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas, instando a la ampliación del TPS para los hondureños debido a las difíciles condiciones humanitarias que enfrenta el país, exacerbadas por los desastres climáticos.
“Este tema es una prioridad para nosotros. Vamos a seguir luchando para que nuestros connacionales reciban la protección que necesitan en este momento tan crítico”, aseguró Paz Reyes. En este esfuerzo, el gobierno hondureño también trabaja con organizaciones civiles, el congreso de EE. UU., y la academia para resaltar la importancia de la extensión del TPS y cómo esta medida podría aliviar la situación de miles de familias hondureñas.
