El gobierno de la presidenta Xiomara Castro dio un golpe sobre la mesa en defensa de los bosques hondureños, frenando un proyecto de carbono forestal inscrito de manera ilegal y sin autorización en el registro voluntario de Verra.
El plan, llamado “Forest Carbon Fixation in the Area of Influence of the Santa Bárbara Mountain – Zone 2” (VCS/5532), operaba fuera de las leyes nacionales y en una de las zonas más biodiversas y frágiles del país, el Parque Nacional Montaña de Santa Bárbara.
Según el comunicado oficial, emitido por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) este proyecto no cumple con los estándares internacionales del Acuerdo de París ni con los mecanismos regulados por la ONU.
Tampoco pasó por el control técnico ni legal que exige la Ley Especial de Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática (Decreto 54-2023), aprobada durante la actual administración. En otras palabras: no solo violó leyes nacionales, sino que además abrió la puerta a la doble contabilidad de créditos y a la venta irregular de un bien común como el bosque.
La empresa detrás del plan, identificada como Higuer Tropic, se ha promocionado como “certificadora de bosques” sin tener reconocimiento del Estado, ni acreditación internacional. El gobierno de LIBRE, denuncia que esta compañía lleva más de una década operando al margen de la ley, ofreciendo pagos por carbono que nunca han llegado a las comunidades. Incluso se le vincula con acciones similares en el Parque Nacional Pico Pijol, donde también actuó sin autorización y con promesas vacías.
El impacto ambiental del caso es serio: el proyecto se ubica en un ecosistema clave para la recarga de agua, la regulación del clima y la protección de especies únicas. Cualquier actividad económica sin control aquí no solo amenaza la biodiversidad, sino que pone en riesgo a las comunidades que dependen de este territorio.
Esta es la primera vez en más de 12 años que un gobierno hondureño toma una postura firme y pública para proteger la soberanía sobre el mercado de carbono y evitar que empresas privadas comercien con los recursos forestales sin consentimiento.
Con esta acción, la administración de Xiomara Castro marca un precedente en la defensa del patrimonio natural y reafirma su compromiso con una justicia climática real, donde el bosque y la gente que lo protege sean siempre los protagonistas.
