En un giro que expone las profundas grietas en el sistema de justicia hondureño por malos operadores, el juez Plinio Consuegra, quien favoreció a la fuga del general en condición de retiro y golpista Romeo Vásquez, fue suspendido por tres meses sin goce de sueldo.
La razón: irregularidades en la audiencia inicial contra el exjerarca de las Fuerzas Armadas y máximo exponente del golpismo de 2009, Romeo Vásquez Velásquez, y otros dos militares.
Esta decisión, confirmada por el mismo togado puede ser un indicio de la aún existente corrupción y podredumbre heredadas del régimen golpista, que permitió la fuga de Vásquez acusado de graves crímenes, incluyendo el narcotráfico.
El juez Consuegra afirmó que su decisión de otorgar arresto domiciliario a los generales en retiro fue una resolución tomada en el ejercicio de su función, pero las autoridades del Poder Judicial la consideraron irregular. Ahora, el togado teme ser despedido.
La fuga de Vásquez: una cadena de errores y sospechas
La suspensión del juez Consuegra se enmarca en la creciente indignación por la fuga de Romeo Vásquez Velásquez.
El 24 de febrero, la Corte de Apelaciones de lo Penal revocó el arresto domiciliario y ordenó prisión preventiva para Vásquez, Venancio Cervantes y Carlos Puerto. Mientras Cervantes y Puerto se entregaron voluntariamente, Vásquez nunca se presentó al reclusorio.
El Director General de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, ha culpado a la «entrega tardía de la orden de captura por parte de las autoridades judiciales» y a la falta de notificación del cambio de medida preventiva como causas de la fuga.
«Romeo salió de la cárcel con el arresto domiciliario y no nos dimos cuenta, porque no lo notificaron a nosotros por lo que no tenía guardia y custodia de los entes policiales», argumentó Godoy, señalando que la orden de captura llegó a la policía demasiado tarde.
Narcotráfico: la nueva acusación contra el golpista
Cabe recordar que, el 5 de enero de 2025, el Ministerio Público (MP) presentó un requerimiento fiscal contra él y otros dos exmiembros del alto mando militar (Cervantes Suazo y Puerto Fúnez) por los delitos de homicidio y lesiones graves.
Estos cargos están vinculados a la represión militar de una manifestación el 5 de julio de 2009, que resultó en la muerte del joven mártir de la Resistencia Popular Isy Obed Murillo y las heridas de Alex Roberto Zavala en las cercanías del aeropuerto Toncontín, cuando exigían el retorno del expresidente José Manuel Zelaya, tras el Golpe de Estado de 2009.
Pero otro señalamiento explosivo llegó el 23 de mayo de 2025, cuando el MP acusó a Vásquez de haber recibido dinero del narcotráfico.
La Fiscalía informó que ha presentado un «requerimiento fiscal» por el delito de lavado de activos agravado.
La acusación se sustenta en un «material audiovisual (video)» donde se observa al golpista «recibiendo dinero en efectivo de un reconocido narcotraficante, quien lideró uno de los carteles más violentos del país y posteriormente fue condenado en los Estados Unidos».
Este video, cuya autenticidad ha sido confirmada por análisis forenses, es considerado una prueba clave.
La imputación se refuerza con «pericias financieras» de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO).
Según el portavoz de la Fiscalía, Yuri Mora, Vásquez habría recibido el dinero en efectivo, introduciéndolo en una bolsa de plástico, aparentemente alrededor de 2013.
Este cúmulo de acusaciones y la sospechosa suspensión del juez que lo procesó, encienden las alarmas y refuerzan la convicción de que la lucha contra la impunidad y las viejas élites golpistas es más urgente que nunca para el pueblo hondureño.
