Este martes 2 de septiembre da inicio en la Corte del Distrito Sur de la Florida el juicio relacionado con la Tasa de Seguridad y sus co-conspiradores, según informó el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
El proceso judicial promete exponer cómo fondos públicos, destinados en teoría a proteger al pueblo, fueron desviados para enriquecer a grupos de poder y sostener estructuras criminales enquistadas en el aparato estatal.
El próximo jueves 4 de septiembre, la Corte del Distrito Sur de Nueva York dictará sentencia contra Midence Oquelí, señalado como narcotraficante hondureño y vinculado al Partido Liberal.
Este caso, al igual que otros juicios desarrollados en Estados Unidos, evidencia que el narcotráfico no actuaba de forma aislada, sino que se nutría de la complicidad de políticos tradicionales que, desde el poder, protegieron a los carteles a cambio de financiamiento y control territorial.
Redes criminales al descubierto
Ambos procesos judiciales ponen en evidencia la existencia de redes criminales mixtas, públicas y privadas, involucradas en corrupción, narcotráfico, lavado de activos y en el uso de maras como la MS-13 para sicariato.
Estas estructuras no solo drenaron los recursos del Estado, sino que también persiguieron mantener el control político para garantizar la continuidad del modelo de saqueo instaurado tras el golpe de Estado de 2009.
El vínculo con el Cártel de Sinaloa las investigaciones y testimonios en cortes estadounidenses también apuntan a los lazos directos con Ismael “El Mayo” Zambada, líder del Cártel de Sinaloa. Estas conexiones internacionales demuestran que Honduras fue convertido en un enclave estratégico para el narcotráfico global, donde políticos locales actuaban como operadores de un narcoestado que hipotecó la soberanía nacional.
Una oportunidad para desmontar el narcoestado la exposición pública de estos juicios representa una oportunidad histórica para la sociedad hondureña. Develar cómo las élites políticas y empresariales se aliaron con estructuras criminales obliga a abrir un debate profundo sobre la necesidad de romper definitivamente con el narcoestado.
Más allá de los tribunales extranjeros, corresponde al pueblo exigir justicia en el país, rescatar la democracia y defender los bienes comunes frente a quienes han tratado de vender el territorio y privatizar los recursos de Honduras.
