La propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) de asumir el pago del anticipo solicitado por los transportistas encargados de movilizar el material electoral ha encendido nuevas alertas en torno a la independencia del proceso electoral del 30 noviembre.

El intento del sector privado de intervenir en una función asignada por mandato constitucional al Estado coincide con movimientos políticos del bipartidismo que buscan recuperar influencia sobre la organización de los comicios.

La carta del COHEP fue enviada apenas treinta minutos después de que los transportistas presentaran su oferta formal al órgano electoral.

El respaldo inmediato del Partido Nacional y del Partido Liberal a la iniciativa del COHEP refuerza la percepción de un frente común entre el sector privado y las fuerzas políticas tradicionales.

LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY PROHÍBEN LA INTERVENCIÓN DEL COHEP

El artículo 272 de la Constitución de la República establece que las Fuerzas Armadas, bajo mandato del órgano electoral, deben garantizar la custodia, el transporte y la vigilancia del material electoral.

La normativa no contempla la participación de actores privados en estos procesos.

A ello se suma la normativa administrativa, el artículo 14 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 22 de su Reglamento determinan que únicamente las instituciones públicas pueden celebrar contratos con recursos estatales para fines administrativos o logísticos.

Las asociaciones civiles incluido el COHEP están legalmente impedidas de asumir estas responsabilidades.

Por tanto, la propuesta del COHEP no solo rebasa su papel institucional, sino que también se sitúa fuera de los marcos legales que regulan la ejecución de procesos electorales.