El secretario ejecutivo del Instituto de la Propiedad (IP), Francisco Bocanegra, anunció que en los próximos días presentará personalmente ante el Ministerio Público 2,500 requerimientos documentales relacionados con una investigación por corrupción que se remonta al año 2019, cuando la institución era controlada por funcionarios cercanos al expresidente narcotraficante Juan Orlando Hernández.
La documentación, que fue requerida por la Fiscalía, contiene contratos, convenios, cheques y resoluciones administrativas presuntamente emitidos sin justificación legal. Y que habrían sido utilizados para desviar al menos 12,000 millones de lempiras mediante la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP).
Según Bocanegra, esta unidad fue creada y gestionada por el exministro de la presidencia Ebal Díaz, con el fin de canalizar recursos públicos a través de fundaciones, empresas privadas y algunas ONG sin control efectivo.
“Fue un acto de corrupción gestado, orquestado, organizado y coordinado desde su raíz en 2019. El señor Ebal Díaz fue el precursor de esta maquinaria”, denunció Bocanegra en conferencia de prensa.
El funcionario también señaló que, las irregularidades continuaron en los primeros meses de 2022, ya bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, pese a una prohibición expresa del uso del fideicomiso emitida por la mandataria.
En ese período, el IP estaba bajo la coordinación de Darío García, quien habría permitido que los fondos siguieran siendo utilizados indebidamente para financiar la campaña del ahora diputado liberal Jorge Calix.
La entrega de documentos responde también a una crítica reciente del fiscal de la UFERCO, Luis Javier Santos, sobre la falta de colaboración de algunas instituciones públicas con los entes investigativos. En respuesta, Bocanegra aseguró:
“He sido claro desde el primer día: no vamos a encubrir corrupción, venga de donde venga. Es nuestra responsabilidad como Estado garantizar justicia y combatir la impunidad.”
Además de estos 2,500 requerimientos, el IP también prevé entregar otros 1,300 documentos adicionales en los próximos días, que contienen —según Bocanegra— indicios y medios de prueba contundentes contra exfuncionarios responsables del desfalco.
