El diputado del partido Libertad y Refundación (LIBRE), Jari Dixon, calificó como «grave» la supuesta existencia de una «conspiración para boicotear las elecciones generales», señalando que esta acción constituye un delito según el Código Penal y podría tipificarse como traición a la patria.

El legislador enfatizó la necesidad de investigar y actuar contra los funcionarios o personas implicadas en estas supuestas acciones.

Acusación de conspiración y traición

El parlamentario Dixon afirmó categóricamente que lo que ha trascuchado «solamente confirma nuestras sospechas: hay toda una conspiración para boicotear las elecciones generales, que saben que van a perder».

El congresista fue enfático al detallar las implicaciones legales, al aseverar que «el simple hecho de una conspiración en sí misma ya es un delito dentro del Código Penal». Aún más grave, señaló la posibilidad de que se configure el «delito de traición a la patria, establecido tanto en la Constitución como en el Código Penal».

Riesgo de desacreditación y sanciones internacionales

Dixon destacó que el objetivo de esta conspiración es «desacreditar el proceso electoral» para posteriormente acudir a la comunidad internacional, buscando que «desconozca el resultado y que le impongan sanciones al estado hondureño».

El diputado lamentó que estas acciones demuestran que «esta gente no quiere al país», al recordar que este tipo de maniobras resultan en sanciones internacionales, ejemplificando casos como los impuestos a Nicaragua y Venezuela.

Llamado a la acción judicial

El legislador de Libre instó a las autoridades a tomar medidas inmediatas, cuestionando: «¿Qué se va a hacer con estos funcionarios o qué se va a hacer con las personas que intervinieron en esta en esta llamadas telefónicas? Ese es el punto». Concluyó de forma contundente al expresar que las personas detrás de esta supuesta trama «también deberían estar presas».