El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) aprobó la inscripción de Jorge Cálix en medio de un procedimiento repleto de irregularidades, violaciones legales y abuso de poder.
La decisión fue tomada únicamente por dos magistrados, sin convocar al tercer miembro del pleno, Mario Morazán, lo que anula cualquier validez jurídica de la resolución.
De igual forma, el proceso no contó con convocatoria formal, ni con la presencia del Secretario General, quien se retiró al constatar la falta de quórum.
Tampoco estuvo la Secretaria Adjunta, quien se ausentó alegando motivos de salud.
Aun así, los magistrados procedieron a firmar la resolución, reemplazando la firma oficial con la de una simple receptora de documentos, lo que constituye una grave irregularidad.
Uno de los puntos más graves es que el magistrado Mario Flores resolvió su propia recusación, acción expresamente prohibida por la Ley Electoral.
Por lo tanto, cuando un funcionario decide sobre su propia recusación, la resolución es nula de pleno derecho.
El ministro de Trabajo, Wilmer Fernández, denunció públicamente las anomalías, señalando que el pleno debe integrarse por tres magistrados, que no se convocó a Morazán y que la resolución carece de refrendo legal.
Fuentes cercanas al Tribunal confirmaron que el magistrado Morazán fue presionado y amenazado para avalar la decisión, evidenciando una operación política para favorecer a un precandidato derrotado en las internas.
Este caso constituye una violación directa al principio de independencia electoral y un atentado contra el orden constitucional, enviando el mensaje de que el bipartidismo está dispuesto a pasar por encima de las instituciones para imponer sus intereses en las próximas elecciones.
Los magistrados responsables podrían enfrentar acciones penales por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios públicos.
