El diputado del Partido Liberal Jorge Cálix demostró ser hábil para gestionar y recibir millones de lempiras provenientes de fondos públicos tanto del Congreso Nacional como del Instituto de la Propiedad (IP).
Sin embargo, cuando llega el momento de rendir cuentas y asumir responsabilidades por el manejo irregular de esos recursos, prefiere evadir, justificar y culpar a otros, dejando pendientes millones sin explicar y sin enfrentar las consecuencias.
Según documentos oficiales, Cálix solicitó un total de 6.5 millones de lempiras en Fondos Departamentales, aprobados por el Congreso Nacional para la ejecución de proyectos sociales.
De este monto, 1.5 millones siguen sin liquidar, lo que genera serias dudas sobre la correcta administración de esos recursos.
Además de estos recursos, Jorge Cálix ha recibido cuantiosas subvenciones que forman parte de un fondo de más de 1,600 millones de lempiras entregados por el Legislativo entre 2022 y 2024.
Estos fondos, menos visibles para la opinión pública, tampoco cuentan con un desglose claro que permita conocer su destino, y Cálix ha evitado ofrecer detalles al respecto.
DESFALCO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
El manejo irregular de recursos no se limita al Congreso. En el Instituto de la Propiedad, bajo control de aliados políticos de Cálix, se desviaron más de 1,000 millones de lempiras provenientes de un fideicomiso público.
Estos fondos fueron utilizados para publicidad política y entrega de ayudas durante el período electoral, afectando la transparencia y el uso ético del dinero público.
La presidenta Xiomara Castro ordenó la intervención del IP y la instalación de una Junta Interventora para investigar el gran desfalco, pero Jorge Cálix ha negado tener responsabilidad directa, desvinculándose públicamente sin presentar pruebas o explicaciones contundentes.
Jorge Cálix ha mostrado valentía para acceder a recursos públicos millonarios, pero cobardía para asumir las responsabilidades que conlleva su manejo.
El pueblo espera que, lejos de excusas, el diputado ofrezca respuestas claras y cumpla con su obligación ética y legal de rendir cuentas.
