La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras anunció en la tarde de este viernes que un juez natural designado ha admitido el requerimiento fiscal presentado en el caso Pandora II. La audiencia de imputados, que incluye a los expresidentes Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández, junto con otros exfuncionarios acusados de diversos delitos contra la administración pública, ha sido fijada para el 13 de diciembre a las 9:00 de la mañana.

El juez designado para este caso, Walter Miranda Sabio, tomó la decisión de citar a los procesados en la mañana del miércoles 13 de diciembre. La acusación presentada por el Ministerio Público el 11 de octubre incluye cargos de fraude contra ambos expresidentes, siendo Hernández Alvarado imputado adicionalmente por lavado de activos, con una suma que supera los 62 millones de lempiras, como parte de una ampliación del caso Pandora.

Entre los acusados también se encuentran el extitular de la Secretaría de Finanzas SEFIN, Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola BANADESA, Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona, y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, quienes enfrentan cargos por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.

El caso se centra en la investigación de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción UFERCO, que sostiene que los altos exfuncionarios participaron en una red de corrupción entre los años 2010 y 2013. Esta red estuvo involucrada en la ampliación y aprobación de desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras, autorizados a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista por entidades como el Congreso Nacional, la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Agricultura y Ganadería SAG y BANADESA.

En el caso del expresidente Hernández Alvarado, la acusación se basa en el beneficio obtenido de estos desembolsos para financiar su campaña política, utilizando artificios como la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios. Por su parte, el expresidente Lobo Sosa autorizó traslados de fondos entre secretarías para facilitar los desembolsos a las fundaciones.

Las investigaciones de la UFERCO también revelan que desde la Secretaría de Finanzas se aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras, transferidos a la fundación Todos Somos Honduras. El proceso legal sigue su curso con la expectativa de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso de corrupción de alto perfil.