Un juez federal en Seattle, John C. Coughenour, bloqueó este de forma temporal la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, que buscaba eliminar la ciudadanía automática por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus temporal nacidos en Estados Unidos.
El juez Coughenour, quien ha servido en el sistema judicial durante más de cuatro décadas y fue nominado en 1981 por el expresidente Ronald Reagan, calificó la orden ejecutiva como “manifiestamente inconstitucional”. En declaraciones recogidas por ABC News, el magistrado expresó que no recuerda haber enfrentado un caso donde la violación a la Constitución sea tan evidente como en este.
El fallo de Coughenour se fundamenta en la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que establece que toda persona nacida en territorio estadounidense obtiene automáticamente la ciudadanía, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
Detalles del decreto de Trump
La orden ejecutiva firmada por Trump pocas horas después de asumir su mandato este lunes establecía que los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados o con un estatus migratorio temporal, como una visa de trabajo, no podrían adquirir la ciudadanía estadounidense.
En la práctica, esta medida hubiera impedido que el Departamento de Estado emitiera pasaportes para esos niños y que la Administración de la Seguridad Social los reconociera como ciudadanos, limitando su acceso a derechos básicos como la educación, el empleo y otros servicios esenciales.
En respuesta al decreto, 22 estados liderados por gobiernos demócratas presentaron una demanda en contra de la medida, alegando su inconstitucionalidad. Inicialmente, 18 estados interpusieron la denuncia el martes, y más tarde, otros cuatro se sumaron a la acción legal.
El fallo de Coughenour se centra en los últimos cuatro estados demandantes y tendrá una vigencia de 14 días. Durante este periodo, el gobierno federal podría apelar la decisión en un intento por revocar el bloqueo.
Implicaciones legales y sociales
De haber sido aplicada, la medida habría generado un cambio drástico en el sistema migratorio y los derechos de los nacidos en Estados Unidos, impactando a miles de niños y familias. Este intento de restringir la ciudadanía por nacimiento contraviene principios fundamentales de igualdad establecidos en la Constitución y podría haber desencadenado un complejo debate legal y político a nivel nacional.
