El nombre del exministro de Seguridad, Julián Pacheco Tinoco, salió a la luz en el segundo día de juicio que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Sur de la Florida, contra el empresario Carl Alan Zaglin, acusado de corrupción y sobornos relacionados con la millonaria «Tasa de Seguridad Poblacional».

Seguridad, narcotráfico y corrupción institucionalizada

Según informes de Pro Honduras Network, el testimonio del exsocio de Zaglin, Loren Simpson, y los documentos oficiales, la «Tasa de Seguridad» sirvió de disfraz para dos negocios ilícitos: el narcotráfico y la corrupción institucionalizada.

Las evidencias presentadas indican que Pacheco Tinoco, además de ser el jefe administrativo de la Tasa, actuaba como enlace directo de cargamentos de cocaína que ingresaban desde Sudamérica.

Asimismo, se le acusa de supervisar los contratos y recibir sobornos por cada compra de equipo de seguridad como botas, uniformes, armas y gases.

Un pacto político-mafioso

Los testimonios y documentos presentados revelan que Pacheco Tinoco no actuaba solo, sino que tenía una red de diputados que funcionaban como «brokers» para negociar contratos y facilitar operaciones mafiosas dentro del Congreso.

Se menciona incluso a la diputada nacionalista Sara Medina, lo que sugiere un pacto político-mafioso para el desvío de los fondos de la Tasa de Seguridad.

El papel del sector privado

El juicio también ha señalado a Juan Ramón Molina, representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), como una figura clave en el esquema de corrupción.

Su rol era firmar y validar los contratos para darles un «aire de legitimidad», cuando en realidad estaban llenos de sobornos que beneficiaban a militares, policías y diputados.

El juicio promete revelar más detalles sobre las conexiones entre el poder político, empresarial y militar.

Se espera el testimonio de la exfuncionaria Gabriela Salgado, quien representaba al gobierno de Juan Orlando Hernández en el Comité de la Tasa de Seguridad y, según el reporte, tiene pruebas contundentes que documentan los sobornos y contratos amañados.