Koriun Inversiones no es una simple estafa; es una conspiración para generar ingobernabilidad e histeria colectiva, especialmente en las zonas productivas del Valle de Sula. Detrás de cada fraude masivo se esconde un actor político y, como no podía ser diferente, grupos políticos —así como sectores económicos— vinculados, afines o aliados al bipartidismo no solo provocaron este conflicto, sino que lo planificaron. Desde el principio, su intención fue convertir la estafa masiva contra pueblo hondureño en una confrontación social donde el único que pierde es el país.
Las personas que depositaron su dinero en Koriun no son inversionistas ni socios; son víctimas de una estafa. Así deberían llamarlo los medios de comunicación, quienes fueron de los principales impulsores para que esto ocurriera. Por TVC y HCH desfilaron decenas de personas dando sus testimonios de “éxito”, aún sabiendo que la historia terminaría en desastre. La gente fue engañada y utilizada, en un esquema que alimentaron desde los medios y que, en realidad, siempre estuvo dirigido por otros intereses ocultos.
Koriun y sus agentes políticos, que operan desde la sombra, sabían que en la población existe una crítica y una molestia profundas hacia la banca nacional y el sistema financiero privado. Por ello, orientaron a la gente para que depositara su dinero en Koriun, cuando en realidad ese dinero siempre terminó en manos de la banca, cómplices silenciosos de esta estafa. La pregunta es: ¿Por qué nadie señala a bancos como BAC o FICOHSA? La respuesta probablemente radica en que ahí también hay intereses que se benefician de la confusión y el caos, manteniendo un sistema que, en última instancia, se aprovecha del hambre de la población.
Detrás del problema económico que se ha convertido Koriun para muchos, existe un problema social más profundo, que ha sido implantado intencionadamente. La cultura del “atajo económico” y la meritocracia, promovida por personajes como Roberto Contreras o Salvador Naralla, apela a la idea de que el éxito puede alcanzarse solo y sin mayores esfuerzos, en forma mágica, rápida y sin trabajo real. Sin embargo, la única fuerza productora de riquezas es, y siempre será, el trabajo. Esa es la ley universal de la vida, y cualquier otra promesa no es más que una ilusión que perpetúa la dependencia y la ignorancia.
Koriun no solo tuvo la intención de estafar a los hondureños; su propósito era también sabotear. Los mismos ex empleados paramilitares vinculados a la organización, uno de cuyos cargos de responsabilidad incluye la posesión de armas y municiones no permitidas, son potencialmente los responsables de incitar violencia y actos de terrorismo en Choloma y en otros departamentos. Es necesario ir deconstruyendo la mentira de que esto es algo innato de la población. La violencia tiene un origen, y hay actores con intereses claros que la promueven, busando desestabilizar y justificar acciones terroristas en la región.
Nunca hubiera sido posible que Koriun se masificara de la forma en que lo hizo sin el respaldo social y económico de diversos actores. Políticos como Polo Crivelli en Choloma (quien aparece mencionado en el juicio a Geovanny Fuentes en Nueva York por narcotráfico) y Marlon Lara en Puerto Cortés, facilitaban el transporte y la movilización, incluso enviando buses para que la gente llevara su dinero. Los actores económicos, como las maquilas del grupo Alcatex, ofrecían permisos especiales —algo casi imposible en el sector maquilador— y organizaban grupos internos de cobradores para facilitar los depósitos en Koriun. Estas maquilas, como Genesis, Suyapa Textiles, Alcatex y otras, son propiedad de Mario Canahuati, ex precandidato presidencial del Partido Nacional: una pieza clave en este entramado.
Detrás de Koriun siempre existió la intención de orientar su caudal de adeptos —en realidad, víctimas de estafa— hacia espacios políticos con fines electorales. Desde un principio, se plantearon la vía electoral, promoviendo el desconocimiento y el enfrentamiento contra el gobierno. Con esta estrategia, buscaban capitalizar la crisis que ellos mismos crearon para conspirar contra el Estado y desestabilizar el proceso democrático, con fines claramente políticos y de control.
Hay una guerra cognitiva contra el pueblo hondureño. Choloma fue uno de los municipios que proporcionalmente más votó por la Presidenta Xiomara Castro en 2021 y, en 2017, decenas de jóvenes murieron en lo que se ha llamado un fraude electoral. Desde entonces, en Choloma, y en otros lugares, estudiantes, maestros, bloqueos y resistencias se han tomado sus calles, incluso en “El Kilómetro”, en una protesta que nunca había tenido tanta cobertura mediática. ¿Por qué ahora? ¿Por qué en cadena y con tanto respaldo? Todo parece indicar que hay una planificación y una organización de enemigos del pueblo hondureño, de quienes se enriquecieron con la corrupción de la narcodictadura y movieron fichas en el proceso electoral del 9 de marzo. La problemática de Koriun se intenta ahora potenciar como un impedimento terrorista para justificar la suspensión de las elecciones en noviembre. ¿Casualidad? La respuesta natural es que no.
El Gobierno, a través de la Comisión de Banca y Seguros y el Ministerio Público, logró parar la operación criminal de Koriun, impidiendo que más hondureños fueran estafados. Se contó con la cooperación de diferentes instituciones para detener esa red que operaba desde 2020, y que Armando Calidonio autorizó en San Pedro Sula, mientras Polo Crivelli lo hacía en Choloma. Sin embargo, hay que ser conscientes de que los dueños de Koriun ya transfirieron la mayor parte del dinero a algunos de sus jefes, muchos de los cuales podrían estar exonerados o incluso siendo candidatos en partidos políticos tradicionales. La justicia debe actuar sin prejuicios y sin impunidad, para que esas redes de poder no sigan operando desde las sombras y dañando al pueblo hondureño.
