El juicio que se desarrolla en la Corte del Distrito Sur de la Florida destapó una de las tramas de corrupción más profundas de la última década en Honduras: el desfalco de la Tasa de Seguridad.
Lo que fue presentado ante el país como un instrumento para financiar la lucha contra la criminalidad, terminó siendo un entramado de sobornos millonarios, contratos sobrevalorados y complicidad entre funcionarios del Partido Nacional, empresarios del COHEP y altos mandos militares.
Los documentos judiciales y testimonios presentados por la Fiscalía estadounidense confirman la participación directa de la cúpula empresarial hondureña.
Una carta firmada por Aline Flores, entonces presidenta del COHEP, solicitó al narcodictador Juan Orlando Hernández (JOH) la designación de Juan Ramón Molina como representante del sector privado en el Comité de la Tasa, y a José Eduardo Atala Zablah como suplente.
Ambos fueron piezas clave en el engranaje del desfalco. Molina (quien confesó haber recibido 300,000 dólares en sobornos) presionaba junto a Francisco Cosenza al Banco Central de Honduras (BCH) para agilizar pagos a Atlanco, una empresa beneficiada con millonarios contratos de uniformes.
El patrón se repitió: licitaciones manipuladas, dinero enviado, pagos liberados y sobornos repartidos.
SOBORNOS DE LUJO Y CONTRATOS FANTASMA
El exdirector del fideicomiso, Francisco Cosenza, llegó a pedir un reloj Rolex como parte de sus sobornos.
Los fiscales también expusieron la compra de más de 3,000 vehículos financiados con la Tasa de Seguridad, sin actas de entrega ni registros de ubicación. Los autos desaparecieron, igual que el dinero del pueblo.
Según el ministro de Finanzas, Christian Duarte, entre 2012 y 2022 se gastaron L28,866 millones, incluyendo L11,000 millones en deuda, todo manejado bajo el manto de la Ley de Secretos.
UN NEGOCIO DE “SEGURIDAD” MANCHADO DE SANGRE
El COHEP también colocó a José Eduardo Atala Zablah dentro del Comité de la Tasa, mostrando cómo la élite empresarial hondureña se beneficiaba directamente del fondo.
Atala, recordado por su rol en la empresa DESA, ha sido señalado como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, un crimen que expuso el vínculo entre la corrupción empresarial y la represión política en Honduras.
Tras el golpe de Estado de 2009, el país se hundió en una red de impunidad donde empresarios, militares y políticos operaban como una sola estructura.
El juicio demuestra que la Tasa fue un negocio privado disfrazado de política pública. No se trataba de proteger al pueblo, sino de proteger los bolsillos de las 10 familias más poderosas del país.
Las pruebas incluyen la carta del COHEP pidiendo a JOH nombramientos dentro del Comité, la confesión de sobornos, contratos inflados y licitaciones amañadas. Mientras tanto, los hondureños pagaban el 1.5 % de sus transacciones creyendo que aportaban a la seguridad nacional.
La presidenta Xiomara Castro, junto a la entonces ministra de Finanzas Rixi Moncada, derogó el fideicomiso de la Tasa de Seguridad y la Ley de Secretos, rompiendo el pacto de silencio que blindó durante años a los responsables.
Gracias a esa decisión, hoy los fondos son auditables y sus resultados reales, con la reducción del 20% en homicidios, más inversión en educación, salud y seguridad.
