Entre 2001 y 2022, Honduras vivió una de las mayores concentraciones de riqueza de su historia. En ese período, el 1 % de las familias más ricas incrementó su poder económico gracias a un sistema fiscal diseñado para favorecerlo, bajo gobiernos liberales y nacionalistas que aprobaron exoneraciones y privilegios sin mayores controles.

Durante dos décadas, los grandes grupos empresariales —financieros, energéticos, agroindustriales, telecomunicaciones y construcción— ampliaron su dominio económico y su influencia política, mientras la mayoría de la población enfrentaba estancamiento, inestabilidad y pocas oportunidades de movilidad social.

El panorama empezó a cambiar en 2022, cuando el gobierno de la presidenta Xiomara Castro impulsó reformas orientadas a regular los abusos históricos y avanzar hacia una mayor justicia social. Estas medidas buscaron limitar las prácticas que permitieron el crecimiento desmedido de las élites económicas.Sin embargo, el freno a esos privilegios provocó una reacción inmediata.

En los últimos meses, el país ha sido testigo de una intensa campaña del sector privado, articulada desde medios de comunicación y vocerías empresariales, con el objetivo de impedir que las nuevas regulaciones continúen. Según analistas, parte de esta ofensiva incluye respaldar abiertamente a actores políticos que han insinuado la posibilidad de manipular los resultados del próximo 30 de noviembre.

Lo que Honduras enfrenta hoy no es solo una contienda electoral, sino una disputa estructural: la confrontación entre un proyecto que busca democratizar la economía y otro que defiende un modelo donde la acumulación de unos pocos avanza a costa del rezago de la mayoría.

En esencia, la batalla entre quienes aspiran a un país más justo y quienes insisten en conservar un sistema que hizo a los ricos más ricos y a los pobres más pobres.