Los juicios en la Corte del Distrito Sur en Estados Unidos (EE. UU.) vinculado a la corrupción hondureña dejó al descubierto cómo la llamada Tasa de Seguridad, creada en 2012 bajo el discurso de “proteger al pueblo”, se convirtió en una maquinaria para el saqueo y el soborno.
Juan Ramón Molina reveló que pagó una fianza de 2.75 millones de dólares para enfrentar en libertad condicional los cargos de lavado de dinero en EE. UU..
Asimismo, admitió haber recibido 2 millones de dólares en sobornos, de Atlanco, la empresa beneficiada con contratos y de otros proveedores de uniformes y equipo de seguridad adjudicados sin licitación.
LA RUTA DEL DINERO SUCIO
Los documentos de la fiscalía en Florida trazan con precisión el camino del saqueo:
- De la Tasa a Atlanco: entre julio y agosto de 2015, la Tasa de Seguridad transfirió 10.6 millones de dólares a cuentas de Atlanco en Georgia.
- De Atlanco a Achieve: para julio de 2016 y agosto de 2017, Atlanco movió 2.4 millones de dólares hacia Achieve, empresa de Aldo Marchena en Florida.
Posteriormente, la empresa Achieve realizó transferencias significativas a funcionarios hondureños, entre ellos Juan Ramón Molina, quien recibió $114,000 depositados en cuentas ubicadas en Belice, mientras que Jaime Nativí obtuvo un total de $350,000, distribuidos en envíos hacia China, Honduras y su cuenta personal, lo que revela un patrón de movimientos financieros internacionales vinculados a estos individuos.
En total, al menos $598,000 (aproximadamente L15,546,624) fueron rastreados como sobornos electrónicos hacia funcionarios hondureños.
La cifra podría ser mayor si se incluyen los pagos en efectivo y otros mecanismos ocultos que la investigación no logró documentar.
Lo que se discute en la corte estadounidense es la verdad que cachurecos y liberales intentan ocultar: Honduras fue gobernada por una estructura que convirtió la seguridad en un negocio personal, utilizando bancos internacionales como autopistas para mover dinero sucio.
La indignación es inevitable, el pueblo pagaba la Tasa creyendo en promesas de seguridad, mientras sus dirigentes negociaban con los contratistas y repartían millones bajo la mesa.
