A 16 años del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, Honduras sigue sufriendo las secuelas de la narcodictadura cachureca, que dejó al país sumido en la pobreza, la violencia estructural y la migración masiva.
Las redes narco-institucionales y el acaparamiento territorial marcaron más de una década de impunidad y saqueo, profundizando la crisis social y política.
Sin embargo, desde la llegada del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) al poder, el país ha comenzado a cambiar, enfrentando los desafíos heredados y buscando la reconstrucción democrática con un enfoque de
Un estudio del Centro de Investigación de Economía y Política (CEPR) revela que entre 2010 y 2012 la pobreza en Honduras aumentó un 13.2 %, mientras la pobreza extrema se incrementó 26.3%; antes del golpe rondaba el 59 % y en 2012 superó el 67 %, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
DESPOJO TERRITORIAL Y VIOLENCIA EN EL BAJO AGUÁN
Informes de la Organización de Derechos Humanos documentaron que entre 2009-2013 hubo 128 muertes de los cuales 90 eran campesinos por conflictos de intereses en el Bajo Aguán que se intensificaron luego del Golpe de Estado.
Las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) fueron creadas sin consulta a comunidades y comenzaron a operan tres (Ciudad Morazán, Orquídea y Próspera).
Estas obtuvieron el territorio de muchas comunidades y poseían autonomía fiscal y judicial, dejando solo un 12 % de ingresos fiscales para el Estado.
En septiembre de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional el mecanismo de ZEDEs, anulando expansiones futuras y afectando modelos como Próspera y devolviendo al pueblo lo que les pertenece.
MIGRACIÓN Y EXILIO MASIVO
El empeoramiento económico y la violencia agudizaron el éxodo. En los años posteriores al golpe, Honduras figuró consistentemente entre los principales países de origen de migrantes hacia EE. UU.
Entre 2010 y 2020, se estima que alrededor de 784,800 hondureños emigraron a Estados Unidos, representando aproximadamente el 78.48% de todos los migrantes del país.
El actual gobierno de LIBRE que preside Xiomara Castro está promoviendo políticas para revertir el despojo heredado por la narcodictadura con el rescate de la ENEE, eliminando concesiones Público Privadas, subsidios energéticos, proyectos de titulación de tierra campesina e indígena, y prohibición de minería.
El Golpe de Estado del 2009 no fue una improvisación sino el inicio de una estructura criminal institucionalizada: corrupción, despojo, violencia y migración forzada que solo benefició a los políticos y a las 10 familias más ricas de Honduras.
La única forma de seguir reparando Honduras de las devastadoras secuelas que dejaron los golpistas y narcotraficantes es votando por quien realmente representa el cambio.
En estas elecciones, Rixi Moncada en la casilla #2 es la única candidata que garantiza la continuidad de un proyecto que beneficia al pueblo hondureño y no a las élites corruptas que han saqueado el país.
Su liderazgo e incorruptibilidad es clave para consolidar la transformación iniciada con LIBRE, enfrentando la impunidad y devolviendo la dignidad a quienes han sido víctimas del despojo y la injusticia.
