Honduras no se Zede: la respuesta mayoritaria de la sociedad hondureña ante la implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo (ZEDE) por la narcodictadura, en complicidad de un pequeño grupo ultraderechista de millonarios internacionales, con una concepción neocolonialismo. Solo la Presidenta Xiomara Castro y el Gobierno Socialista y Democrático puede enfrentar.

Estas zonas, definidas por la Secretaría de Desarrollo Económico de Honduras de la narcodictadura como áreas bajo un «régimen especial», un modelo construido al servicio de los inversionistas para que controlen la política fiscal, de seguridad y la resolución de conflictos, es decir, una entrega de la soberanía.

Las ZEDE no son un concepto nuevo. Su origen se remonta al contexto del Golpe de Estado de 2009, evocando políticas extractivistas y de despojo territorial que han afectado al país durante décadas, como los enclaves mineros y bananeros. Según el sociólogo Pablo Carías, en tales enclaves se otorgaban privilegios significativos a las empresas bananeras, que no pagaban impuestos por la importación de equipos o el uso de tierras, maderas y agua para sus instalaciones.

En 2011, el Congreso aprobó la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo (REDs), que facilitó la creación de las llamadas «ciudades modelo». Sin embargo, en octubre de 2012, esta ley fue declarada inconstitucional por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que modificaban aspectos «irreformables» de la Constitución, entre los que se incluían la soberanía hondureña y la negación de gobernanza sobre estas zonas, así como la creación de poderes paralelos al gobierno.

A pesar de esta decisión judicial y de un controvertido movimiento legislativo que resultó en la destitución de varios magistrados de la Corte Suprema, lo que derivó a una demanda internacional contra el Estado de Honduras, la Constitución fue modificada en junio de 2013, permitiendo al Congreso Nacional aprobar la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico.

Aunque la Ley de Zonas Especiales de Empleo y Desarrollo (ZEDE) fue derogada por unanimidad en el Congreso Nacional en abril de 2022, la presidenta Xiomara Castro durante su campaña y desde su gobierno continúa denunciando las violaciones a la soberanía nacional que implican.

En su informe de los cien días, presentado el 21 de abril de 2022, la presidenta declaró con orgullo: «Estamos recuperando nuestra soberanía», considerando la derogación de la ley como un logro de su gobierno. Sin embargo, hasta el momento, la derogación no fue ratificada oficialmente por el Congreso Nacional, debido a los diputados del bipartidismo que continúan defendiendo los intereses oscuros de la elite. A más de dos años de su derogación, tres ZEDE siguen operando en Honduras, justificadas en un limbo jurídico.

Lo cierto es que, la figura legal de la ZEDE ha desaparecido de la normativa hondureña tras la derogación de la ley, lo que impide la creación de nuevas jurisdicciones bajo este modelo. No obstante, las tres ZEDE que se constituyeron entre 2013 y 2022 siguen operando por sobre la Constitución, justificándose con la garantía jurídica que proporcionan los tratados internacionales, tratado internacional que el Gobierno de Honduras denunció y que saldrá definitivamente antes del cierre del 2024. Dos de estas zonas han intentando adherirse a otro régimen especial, pero sus propuestas no cumplen los requisitos necesarios.