Uno de los mecanismos más oscuros y perversos utilizados por la narco dictadura de Juan Orlando Hernández para consolidar el control mediático y garantizar impunidad fue la llamada Ley de Canje Publicitario.

Una figura legal que permitió a los grandes consorcios de comunicación evadir impuestos a cambio de espacios publicitarios para el gobierno de JOH.

Bajo el discurso de “apoyar a los medios de comunicación”, el régimen construyó una red de favores y privilegios fiscales que, en la práctica, sirvió para comprar silencio, manipular la opinión pública y consolidar una dictadura mediática al servicio del bipartidismo.

La ley permitía que grandes corporaciones como Televicentro, Emisoras Unidas, Grupo Invosa y otros conglomerados cercanos al bipartidismo pudieran “pagar” sus impuestos no con dinero, sino con segundos al aire, páginas impresas o menciones a favor del régimen nacionalista.

De esta manera, millones de lempiras en impuestos fueron perdonados, mientras se fortalecía una estructura de propaganda que lavaba la imagen de uno de los gobiernos más corruptos de la historia reciente de Honduras.

Este esquema no solo representó un golpe directo a las finanzas del Estado en uno de los países más empobrecidos de la región, sino que también pervirtió por completo el ejercicio periodístico, convirtiendo a los grandes medios en cómplices activos del saqueo nacional.

La línea editorial dejó de responder al interés público para obedecer al interés de quienes compraban titulares con publicidad financiada con dinero del pueblo.

Los medios de comunicación que recibieron mayor presupuesto son los mismos
medios de las 10 familias que tienen el poder como Jorge Shibli Canahuati Larach, que es dueño de grupo OPSA, que maneja El Heraldo, La Prensa, El País y la revista Estilo.

Con los 150 mil millones de dólares de exoneración que recibieron los medios de comunicación, se podrían haber construido 5 hospitales modernos valorados en 30 millones cada uno.

El periódico El Heraldo, La Prensa y El País, fueron los tres medios que más disfrutaron de condonación de impuesto con 78,158,514 millones de dólares, se pudo haber construido 298 canchas de usos múltiples lo que equivale a una por municipio.

A cambio de sus privilegios fiscales, estos medios se convirtieron en defensores férreos del régimen de JOH, ocultaron casos de corrupción, desacreditaron movilizaciones populares y atacaron a voces disidentes, incluyendo defensores de derechos humanos, ambientalistas y periodistas independientes. Se convirtieron en una arma de represión y criminalización mediática hacia los que cuestionaban la corrupción y las redes de narcotráfico del bipartidismo.

Las grandes corporaciones y medios de comunicación tradicionales fueron condescendientes a tal grado que respaldaron campañas de desinformación y taparon casos de corrupción significativa, como las acusaciones al presidente y su familia en
casos de narcotrafico y corrupcion.

El Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) guardó silencio al igual que otras organizaciones, los canales de televisión, radios y prensa escrita figuraron como una estructura que permitió a JOH se reeligiera en la presidencia de manera arbitraria, ilegal y coercitiva.

Hoy, muchos de esos mismos medios y comunicadores se presentan como “críticos” del gobierno de LIBRE, no porque defiendan principios democráticos, sino porque perdieron los privilegios fiscales y políticos que les garantizaban impunidad y poder. Atacan porque ya no pueden imponer sus condiciones. Difaman porque ya no reciben sobres llenos de dinero y perdones fiscales. Mienten porque ya no pueden callar con pauta lo que antes era delito.

A diferencia de esos tiempos de componendas, el Gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha trazado una nueva ruta: una política fiscal más justa, orientada a la equidad y el fortalecimiento del Estado, y un respeto irrestricto a la libertad de prensa, pero sin compra de conciencias ni chantajes disfrazados de pauta publicitaria.

El caso de la Ley de Canje Publicitario es un símbolo de cómo el bipartidismo, durante años, convirtió al Estado en instrumento de propaganda; al fisco en botín de guerra; y al periodismo en un brazo operativo del poder corrupto.