La libertad de expresión es consagrada como un pilar fundamental de las democracias, claro, las democracias como ellos la entienden, como el estatus quo para perpetuar privilegios. Sin embargo, hablando específicamente del caso de Honduras, este derecho ha sido distorsionado y utilizado como un vehículo para la manipulación y la desinformación.

Esto es particularmente preocupante si lo contextualizamos en las 10 familias que controlan los medios de comunicación, es decir, la libertad de expresión pero para e dueño de la imprenta.

La libertad de expresión es un escudo para manipular la verdad. La reciente afirmación de Renato Álvarez, quien califica a sus fuentes como «el arma» de los periodistas, provoca un análisis crítico sobre las connotaciones que implica el uso de tal terminología. Cuando se refiere a la información como un «arma,» se sugiere que está destinada a atacar o manipular a la audiencia, en lugar de servir a su derecho a ser informada con honestidad. En este sentido, el papel del periodista debe estar anclado en la ética y la veracidad, elementos que son fundamentales para evitar la degradación de la libertad de expresión en una forma de manipulación.

Un aspecto fundamental que debe ser considerado es la relación entre la libertad de expresión y el derecho al habeas data. Este derecho, consagrado en múltiples convenciones internacionales, garantiza a los ciudadanos el acceso a sus datos personales y al control sobre la información que se difunde sobre ellos. Sin embargo, en un entorno donde la desinformación y las noticias falsas proliferan, se vuelve imperativo que se implementen mecanismos que protejan a los ciudadanos de la manipulación informativa. La legislación relativa al habeas data debería considerar no solo la protección de la información personal, sino también el acceso a información veraz y la posibilidad de rectificación ante la difusión de datos erróneos.

La paradoja radica en que aquellos que claman por la libertad de expresión son, a menudo, quienes monopolizan la información en la esfera pública. Las familias que dominan los medios tarifados en Honduras perpetúan una narrativa que favorece sus intereses, contribuyendo a una cultura de desinformación. Según el informe de informes de Libertad de Prensa 2023, Honduras ocupa el puesto 145 de 180 en el índice de libertad de prensa, lo que refleja una alarmante falta de pluralismo y diversidad informativa. Si no se garantiza un espacio para voces críticas y verídicas, el derecho a la libertad de expresión se convierte en una mera formalidad que no garantiza el acceso a una información real y contrastada.

El periodismo debería, entonces, estar comprometido con la verdad, más allá de la búsqueda de ratings o de agendas políticas. La libertad de expresión debe ser ejercida con responsabilidad, reconociendo que informar no es solo una cuestión de emitir una opinión, sino de proporcionar datos sólidos y verificables que alimenten un debate público informado.

El Estado tiene un rol crucial en la regulación de esta libertad, no solo como guardián de la democracia, sino como protector del derecho de cada ciudadano a recibir información clara y honesta. En este sentido, la libertad de prensa no debe ser entendida como un espacio para la impunidad informativa, sino como un derecho que demanda responsabilidad y ética profesional.