Desde que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, implementó el Estado de Excepción en diciembre de 2022, Honduras ha vivido una transformación en materia de seguridad nunca antes vista.
La medida que nació como respuesta urgente a la violencia impuesta por el crimen organizado, ha dado resultados tan contundentes que ha sido prorrogada por el Congreso Nacional (CN) en varias ocasiones.
Bajo este régimen, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público han logrado ejecutar operativos, allanamientos y detenciones de alto impacto en zonas que antes eran intransitables.
En 2023, se registraron 87 municipios sin homicidios y se redujo la tasa nacional de asesinatos a 34.52% por cada 100 mil habitantes, una cifra histórica en los últimos 20 años.
RESULTADOS POSITIVOS DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
Cuando la presidenta Castro, asumió el poder, Honduras registraba una alarmante tasa de 41.7% homicidios por cada 100 mil habitantes, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL).
Gracias al Estado de Excepción y al Plan de Solución Contra el Crimen, esa cifra bajó a 38.1% al cierre de 2022, y siguió disminuyendo durante 2023 y 2024.
Pero no solo los homicidios han caído:
- Se logró una reducción del 22.5% en muertes violentas de mujeres,
- Se impidió el procesamiento de más de 1,790 kilos de cocaína, valorados en más de 550 millones de lempiras.
- Y se desarticularon redes criminales que operaban con total impunidad durante gobiernos anteriores.
FALSAS PREOCUPACIONES EXTERNAS
Estos logros son incómodos para los corruptos que se beneficiaban del caos en el país. No es casualidad que sectores del Partido Nacional de Honduras (PNH) y del Partido Liberal de Honduras (PLH) (los mismos que mantuvieron al país con altos índices de criminalidad durante años) pidan que se ponga fin al Estado de Excepción.
Saben que la seguridad le da fuerza al pueblo y al proyecto de Libre que ellos quieren detener.
A esta “presión” ahora se suma la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que ha manifestado su “preocupación” por la continuidad del Estado de Excepción, sugiriendo ponerle fin antes de las elecciones generales. ¿Y la preocupación por las vidas que ahora se salvan? ¿Por los barrios que han dejado de ser los más peligrosos?
Lo que OACNUDH ignora (o decide omitir) es que la verdadera amenaza a la democracia no es Estado de Excepción que ha devuelto la paz a la población, sino quienes pretenden restaurar el caos para desestabilizar un gobierno legítimo que crea obras para el pueblo.
El Estado de Excepción ha demostrado ser una herramienta efectiva, y eliminarla solo beneficiaría a quienes intentan desprestigiar el Proyecto de Refundación antes de las elecciones generales 2025.
