El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, brindó una explicación detallada sobre el procedimiento y alcances del decreto recientemente aprobado que reforma la Ley de Municipalidades. En especial el apartado que elimina el antejuicio para los alcaldes.
Durante su comparecencia, Redondo aseguró que el Poder Legislativo ha actuado dentro del marco constitucional. Y reiteró que, una vez el decreto sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta, se abre el espacio para su revisión, reforma o derogación, si así lo consideran necesario los gobiernos locales.
“Si no están de acuerdo con el decreto, nos reunimos, lo discutimos. Así como se aprueba una ley, también puede modificarse o eliminarse. No hay nada que temer si se actúa con transparencia y apertura al diálogo”, afirmó Redondo en un mensaje directo a los alcaldes y a la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).
Redondo recordó que en 2009, luego del golpe de Estado, el Congreso aprobó de manera irresponsable una disposición que estableció transferencias del 11% del presupuesto nacional a las municipalidades. Sin estudios técnicos ni el aval de la Secretaría de Finanzas, lo cual calificó como una “medida populista” que terminó por generar falsas expectativas en los gobiernos locales.
A diferencia de esa práctica, aseguró que el actual gobierno ha garantizado transferencias reales y progresivas. Superando los 13 mil millones de lempiras desde la aprobación del primer decreto del Presupuesto General bajo la administración de Libertad y Refundación (LIBRE).
Una reforma integral en tres capítulos
Redondo explicó que la reforma a la Ley de Municipalidades es parte de un paquete legislativo más amplio que incluye:
- Otorgar carácter constitucional a la CICIH y permitir su actuación como querellante adhesivo.
- La renuncia al fuero legislativo por parte de los diputados.
- Las reformas a la Ley de Municipalidades, que incluyen la eliminación del antejuicio a alcaldes.
Indicó que estas propuestas nacieron en el marco de negociaciones con representantes de Naciones Unidas, como parte de los preparativos para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
“En esa reunión se identificaron decretos que deben ser revisados o derogados, entre ellos la Ley de Colaboración Eficaz, que sigue pendiente de votación”, puntualizó.
De igual forma, enfático en señalar que el Congreso ha actuado conforme al artículo 215 de la Constitución, enviando el decreto al Poder Ejecutivo para su sanción en tiempo y forma.
Asimismo, llamó a los alcaldes a evitar alarmismos y acudir al diálogo institucional, reiterando que las leyes no son inamovibles, sino instrumentos vivos que pueden ajustarse según las necesidades y el interés del país.
