El magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Morazán Aguilera, denunció este lunes una serie de injurias, amenazas de privación de libertad y actos de injerencia extranjera que buscan coartar la independencia judicial tras las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. El funcionario calificó estas acciones como ataques flagrantes al Estado de derecho y a la soberanía popular.
De acuerdo con las declaraciones del magistrado, las presiones se intensificaron el pasado viernes 19 de diciembre. Aguilera señaló directamente a una «actora política» de intentar instrumentar a las Fuerzas Armadas para ejecutar su detención, basándose en un proyecto de resolución que circula en redes sociales. El juez electoral calificó este hecho como una estrategia para infundir presión indebida sobre la justicia electoral hondureña.
Rechazo a la injerencia externa y narrativa falsa
El magistrado fue enfático al rechazar las acciones de agentes de una potencia extranjera, cuyas declaraciones —publicitadas por su máximo responsable de política exterior— constituyen, a su juicio, una subordinación de la soberanía nacional. Aguilera afirmó que estos actos buscan anular la autodeterminación de Honduras y contradicen los principios del multilateralismo.
Asimismo, desmintió los señalamientos sobre su supuesta inasistencia a las sesiones del Pleno del TJE. «El suscrito nunca ha dejado de asistir injustificadamente; por el contrario, no he aceptado participar en sesiones que pretendieron realizarse en absoluta contravención a la Ley», aclaró, vinculando estos ataques a su denuncia pública previa sobre abuso de autoridad y malversación de caudales públicos dentro de la institución.
Parálisis procesal y riesgo institucional
En el ámbito técnico-electoral, Aguilera manifestó su profunda preocupación debido a que, a 22 días de los comicios, el TJE no ha recibido ninguna impugnación o solicitud de recuento jurisdiccional. Esta anomalía responde a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aún no ha resuelto las nulidades presentadas en los plazos legales.
«Esto es sumamente delicado, ya que los representantes electos deben asumir sus cargos en menos de dos meses. El retraso podría hacer ilusorias las pretensiones legítimas de las partes», advirtió el magistrado.
Compromiso y posibilidad de renuncia
Finalmente, el funcionario reafirmó su compromiso con la transparencia y la limpieza de los resultados electorales. Aseguró a los candidatos de todos los partidos que ninguna presión externa o interna incidirá en sus fallos. No obstante, lanzó una advertencia sobre la integridad de su cargo:
«Si en algún momento ya no pudiera resistir la presión de fuerzas políticas o potencias extranjeras, renunciaré a mi cargo de manera irrevocable. Un juez no puede actuar por miedo», sentenció, concluyendo que la dignidad y la justicia no son negociables.
