El fraude electoral ocurrido en 2025 no solo se habría sostenido mediante irregularidades en las actas, sino también a través del respaldo de figuras políticas, que pese a presentarse como defensoras de la transparencia, habrían actuado en favor de los mismos grupos de poder de siempre y unos de los principales actores fue Maribel Espinoza quien avala el fraude del Partido Nacional.

Uno de los antecedentes más señalados es el caso del manejo de la basura en San Pedro Sula tras el golpe de Estado de 2009. En ese entonces , la alcaldía sampedrana otorgó el contrato de recolección de desechos a la empresa Sulambiente, pese a que, según denuncias, no cumplía con los requisitos mínimos para brindar el servicio.

Aun así, la empresa fue beneficiada como una forma de retribución política por el respaldo financiero brindado durante ese período de crisis institucional.

Posteriormente, desde la misma municipalidad se habría permitido que el contrato se incumpliera, creando las condiciones necesarias para justificar una demanda millonaria contra la ciudad. Esa acción legal fue encabezada por Maribel Espinoza, quien en ese momento fungía como secretaria del Consejo de Administración de Sulambiente, lo que ha sido señalado como un claro conflicto de intereses.

El resultado de ese proceso, según las denuncias, fue una grave afectación a las finanzas municipales, un servicio deficiente para la población y una ciudad endeudada, mientras un reducido grupo obtenía beneficios económicos en medio del deterioro institucional y la falta de rendición de cuentas.

Hoy, esos mismos actores reaparecen en el escenario electoral de 2025, siendo señalados de respaldar y validar un proceso electoral cuestionado, con el objetivo de proteger una red de intereses económicos y políticos. 

Para todos, estas acciones no representan una defensa de la democracia, sino la continuar de negocios construidos al amparo del poder y la impunidad de Maribel Espinoza y el Partido Nacional.