El consejero propietario del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, denunció la existencia de una conspiración impulsada por el bipartidismo para destruir el proceso electoral y boicotear los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre.

El análisis que realizaron fue por una empresa y avalado por un perito internacional, donde los audios presentados por el Ministerio Público, son auténticos y no presentan señales de manipulación digital ni de inteligencia artificial.

Además, la investigación utilizó programas como Audacity, Conexia y Voice Inspector para verificar la autenticidad de las grabaciones, así los resultados del peritaje descartan cualquier alteración técnica, confirmando que se trata de material legítimo que refleja la existencia de un plan para boicotear el país.

Entre los audios presentados por el MP son unas conversaciones que involucran al jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, y a la consejera del CNE, Cossette López, quienes habrían participado en la planificación de acciones destinadas a interferir en el proceso de adjudicación del contrato de transporte electoral.

Asimismo, la denuncia que hizo el consejero señala que la intención es generar caos y desconfianza en los resultados, replicando los patrones de fraude electoral que marcaron los procesos de 2009, 2013 y 2017. De acuerdo con el informe presentado, el objetivo sería crear un escenario favorable para el bipartidismo para desconocer los resultados oficiales que el CNE dará a conocer la noche de las elecciones.

También advirtió sobre un intento de inscribir de forma ilegal a Jorge Cálix como candidato a diputado por Olancho, pese a que no cumple con los requisitos establecidos en la ley electoral. Señaló que la resolución que permitió su inscripción fue adoptada sin quórum en el pleno del CNE, configurando una violación directa a la Constitución y a la normativa vigente.

Alertando a los empleados del Consejo sobre la ilegalidad de imprimir papeletas con nombres de candidatos inscritos irregularmente, lo cual podría constituir delito electoral.

Concluyendo que estos hechos representan un “ataque directo” contra la democracia hondureña y llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante. Asegurando que los sectores responsables de los fraudes electorales del pasado están intentando repetir la historia, utilizando al propio CNE como instrumento para desestabilizar el proceso y socavar la voluntad popular.