La divulgación de los audios presentada por el fiscal general Johel Zelaya, en los que se escuchan conversaciones atribuidas a la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE) Cossette López, al diputado nacionalista Tomás Zambrano y a un oficial de las Fuerzas Armadas, ha provocado una tormenta política en Honduras. 

Sin embargo, la cobertura mediática del caso ha sido sorprendentemente limitada, con la mayoría de los grandes medios optando por minimizar o relativizar la magnitud de lo que podría constituir uno de los escándalos políticos más graves del proceso electoral en curso.

En los audios, cuya autenticidad fue confirmada por peritajes técnicos del Ministerio Público, se discuten maniobras para alterar la logística electoral y favorecer determinados intereses partidarios. Pese a la seriedad de los indicios, varios noticieros y diarios de alcance nacional enfocaron la discusión en poner en duda la veracidad de los audios. 

Otros medios dedicaron apenas breves menciones al tema o presentaron las revelaciones como una “disputa política” más entre el oficialismo y la oposición, sin profundizar en los elementos técnicos ni en la responsabilidad institucional que implican los hallazgos.

Esta cautela mediática no es nueva: Honduras arrastra una larga tradición de concentración de medios y alineamientos políticos que tienden a modular la cobertura según los intereses de los grupos económicos que los financian. 

En esta ocasión, el silencio o tratamiento superficial del caso refuerza la percepción de que la prensa tradicional evita confrontar directamente a las estructuras del bipartidismo, incluso cuando hay material de valor probatorio en manos de la Fiscalía.

Mientras tanto, la polémica se ha desplazado a las redes sociales, donde periodistas independientes, plataformas digitales y usuarios han difundido los fragmentos de los audios y analizado su contenido. 

Desde estos espacios, se cuestiona el papel de los grandes medios por su falta de voluntad para exigir rendición de cuentas o dar seguimiento a un asunto que compromete la credibilidad del proceso electoral del 30 de noviembre.

El Ministerio Público insiste en que los archivos de audio son auténticos y forman parte de una investigación en curso. La discrepancia entre la postura institucional y el tratamiento periodístico del tema refleja la crisis de confianza que atraviesa la relación entre prensa, justicia y ciudadanía.

En un contexto de polarización creciente, la transparencia informativa y la independencia editorial se vuelven elementos esenciales para evitar que el silencio mediático se convierta en un nuevo factor de impunidad.