En las últimas semanas, Honduras ha sido testigo de una embestida mediática coordinada que supera los límites de la crítica legítima y se adentra en el terreno pantanoso de la difamación. No se trata de episodios aislados ni de errores periodísticos fortuitos. Se configura, más bien, como una campaña sistemática de desinformación, impulsada por sectores conservadores, amplificada por medios corporativos tradicionales y replicada sin pudor por ejércitos de cuentas falsas en redes sociales.
El caso más reciente y revelador es el de la doctora Carla Paredes, secretaria de Estado en el Despacho de Salud, a quién se le atribuyeron declaraciones que jamás pronunció, relacionadas a que las personas que lleguen a hospitales bajo los efectos del alcohol deberán pagar ellas mismas por los servicios médicos, valoraciones que son completamente falsas.
Esta situación es producto de una tergiversación flagrante por parte de cuentas falsas y medios de comunicación que afirman tener “seriedad” pero que ya cargan con un historial de manipulación informativa. Lo preocupante no es solo la publicación original, sino la manera en que se desató, casi al unísono, una ola de ataques provenientes de los mismos voceros de siempre: los de la derecha recalcitrante, los defensores de los intereses oligárquicos, los que no perdonan que el poder haya cambiado de manos y que se arropan bajo el manto de la política conservadora.
La misma lógica se aplicó a la supuesta compra de alimentos en el Despacho de Planificación. Una periodista lanzó, con aparente deliberación, una narrativa torcida: que el presupuesto era exclusivamente para el uso del secretario de esta institución, ignorando o escondiendo que el despacho es una institución con múltiples necesidades administrativas y operativas. La intención no era informar, sino incendiar con mentiras que solo difaman.
Y cuando no tergiversan, simplemente inventan. Como ocurrió con la publicación sobre una presunta inversión millonaria de la presidenta Xiomara Castro en Cuba. La nota se viralizó con velocidad quirúrgica, sin pruebas, sin fuentes sólidas, sin más sustento que el deseo de erosionar la legitimidad de un gobierno que incomoda a quienes por décadas disfrutaron de impunidad, privilegios y negocios con el Estado.
No estamos ante errores editoriales. Lo que vivimos es una guerra comunicacional. Los actores son conocidos: medios de línea conservadora, “influencers” disfrazados de periodistas y cuentas automatizadas que repiten consignas como si fueran verdades reveladas. El objetivo es claro: minar la credibilidad del Gobierno, sembrar desconfianza en la población y preparar el terreno para el regreso del viejo régimen.
¿Tenemos periodismo en Honduras? Lamentablemente, en muchos casos, no. Lo que abunda es una simulación mediática, un periodismo de trincheras al servicio de intereses privados, donde la ética ha sido reemplazada por la consigna. Se premia el escándalo, se silencia el contexto, se distorsiona el fondo. El periodismo, ese pilar esencial de la democracia, ha sido secuestrado por las mismas élites que hoy ven en el Gobierno de la refundación una amenaza existencial.
Y sí, estamos frente a una campaña fascista, no en el sentido peyorativo de la palabra, sino en su definición más clara: aquella que usa la mentira como herramienta, el odio como discurso y la manipulación como estrategia. Una campaña que busca reinstalar el miedo, dividir al pueblo y restaurar un orden que favorece a pocos.
Pero en medio de esta tormenta de falsedades, también hay una oportunidad. La ciudadanía, cada vez más crítica, tiene en sus manos la capacidad de discernir. La verdad, aunque acallada, resiste. Y el pueblo, más informado que nunca, sabrá separar el trigo de la cizaña. Porque la mentira corre, pero la verdad llega.
