El Ministerio Publico, emitió un comunicado donde La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), logró que un juez con jurisdicción nacional dictara auto de apertura a juicio oral y público contra tres hombres acusados de participar en el asesinato del ambientalista Juan Antonio López, ocurrido el 14 de septiembre de 2024 en la capital.
Este avance judicial representa un paso importante en la búsqueda de justicia para quienes defienden los bienes comunes frente a estructuras de poder que históricamente han operado con impunidad.
Los procesados son Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, señalados por los delitos de asesinato y asociación para delinquir. La FEDCV consiguió que el juez admitiera la ampliación de la tipificación penal, fortaleciendo así la acusación contra los tres imputados. Con ello, se busca dejar en claro que no se trató de un hecho aislado, sino de una acción organizada que atentó contra la vida de un defensor del ambiente.
Una oportunidad para romper la impunidad y hacer Justicia
El caso de Juan Antonio López se suma a la larga lista de crímenes contra líderes sociales y ambientales en Honduras. Su asesinato refleja la violencia sistemática que enfrentan comunidades que defienden la tierra, el agua y la vida frente a intereses económicos vinculados al extractivismo y la corrupción. El juicio no solo busca esclarecer responsabilidades individuales, sino también enviar un mensaje contra la impunidad que ha protegido durante décadas a los verdaderos beneficiarios de estos crímenes.
El Ministerio Público, a través de la FEDCV, ha reafirmado su compromiso de llevar el caso hasta las últimas consecuencias legales. Sin embargo, las organizaciones sociales insisten en que el proceso debe trascender más allá de los autores materiales y alcanzar a quienes financiaron, planificaron o se beneficiaron con la eliminación de voces críticas como la de López.
El inicio de este juicio oral y público representa una oportunidad para que el sistema judicial hondureño envíe una señal distinta a la sociedad: que la vida de quienes defienden los bienes comunes tiene valor y merece protección.
El legado de Juan Antonio López continúa vivo en las luchas de las comunidades, y su caso puede convertirse en un parteaguas para dignificar la memoria de todos los ambientalistas asesinados.
La justicia no puede ser parcial ni selectiva, debe ser un instrumento al servicio del pueblo y no de las élites económicas que históricamente han lucrado con la sangre y el territorio.
