En un momento en el que la confianza del pueblo hondureño en los procesos electorales vuelve a estar en el centro del debate público, distintos sectores sociales y políticos insisten en que el Fiscal General del Ministerio Público debe demostrar con hechos y no solo con declaraciones que la institucionalidad hondureña está del lado de la democracia, del respeto a la voluntad popular expresada en las urnas y de la sanción efectiva a quienes cometan fraudes o delitos electorales.

La exigencia apunta a que el Ministerio Público ejecute acciones penales serias, contra los responsables de manipular las pasadas elecciones generales del 2025. 

La defensa del voto no debe confundirse con persecución política: el objetivo debe ser garantizar el debido proceso, investigar con rigor y proteger los derechos políticos de la ciudadanía que hoy han sido violentados por las consejeras Ana Hall y Cossette López. 

Bajo este enfoque, la Fiscalía está llamada a actuar como garante de legalidad, evitando que irregularidades expresadas públicamente en audios de conspiración al proceso, manipulación de resultados, compra de credenciales, coacción del votante o alteración de documentos queden sin castigo, y asegurando que cualquier señalamiento se resuelva mediante mecanismos legales.

En un país donde la legitimidad de los resultados puede definir la estabilidad política y la convivencia social, la actuación del Fiscal General se convierte en una prueba de credibilidad institucional: si se investiga con independencia y se sanciona a los responsables, se fortalece la democracia; si prevalece la inacción o la discrecionalidad, se profundiza la desconfianza, la impunidad y se debilita el principio básico de que la voluntad popular debe respetarse y protegerse.