El Ministerio Público (MP) de Honduras aseguró 67 bienes de origen ilícito a una estructura de lavado de dinero conectada a extraditables condenados por narcotráfico. La operación, dirigida por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), incautó propiedades, vehículos, empresas y embarcaciones en los departamentos de Cortés, Colón y Francisco Morazán.
La investigación se originó por reportes de operaciones sospechosas de José Ernesto Icaza Saborío y su familia, quienes mostraron ingresos millonarios sin justificación.
Las pesquisas revelaron que recibieron transferencias de un socio del narcotraficante Rubén Alberto Mejía Mejía, alias “Yuquita”, quien a su vez estaba vinculado con extraditables como Fredy Donaldo Mármol Vallejo, Cristhian Jamil Suazo y Kensy Ibeth García Torres.
Los bienes asegurados incluyen 24 inmuebles, 16 vehículos, 21 sociedades mercantiles y 6 embarcaciones.
El 29 de abril de 2025 se realizaron allanamientos e inspecciones en las propiedades y empresas de los investigados para recolectar pruebas que sustentaron la solicitud de aseguramiento.
Como antecedente, en 2018, la Operación Laberinto también encontró documentación relacionada con José Ernesto Icaza Saborío, quien figura como representante de la sociedad Inversiones Inmobiliarias del Atlántico (INATLAN SA), una de las empresas afectadas por las medidas de aseguramiento.
Con estas acciones, el Ministerio Público busca debilitar las estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y al lavado de activos, reafirmando la vigencia de su estrategia contra el crimen organizado.
