El Ministerio Público (MP) asestó un golpe contundente contra la corrupción en Honduras, presentando un requerimiento fiscal contra una vasta red que, según las investigaciones, orquestó un fraude masivo de más de 3,000 millones de lempiras (L.3,084,223,255.38) contra el Estado hondureño.
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con el apoyo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha identificado a exfuncionarios públicos, un actual diputado, abogados y jueces que presuntamente se coludieron para saquear los fondos del pueblo a través de demandas ilegales.
La investigación del MP revela que durante más de dos décadas, esta red utilizó un contrato irregular y un laudo arbitral sin valor legal como base para sus operaciones fraudulentas.
Los imputados y sus cargos:
El requerimiento fiscal señala a los siguientes individuos por su presunta participación en esta sofisticada trama de corrupción:
- Lidia Estela Cardona Padilla: Exprocuradora General de la República.
- Nelson Javier Márquez Euceda: Exsecretario de SEDECOAS y actual diputado del Congreso Nacional.
- Martha Vicenta Doblado Andara: Excoordinadora General de Gobierno.
- Eva María Vásquez Villanueva: Exdirectora legal de SEDECOAS-FHIS.
- Juan Fernando Madrid Lezama: Apoderado legal de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA).
- Caronte Rojas Zavala: Quien integró el Tribunal Arbitral en representación del Colegio de Abogados.
- Murray Paul Farmer: Representante legal de la empresa DRC Inc.
Todos ellos son acusados por el delito de fraude.
Además, el MP ha imputado a:
- Irissabel Lucia Miranda Hernández: Jueza, por prevaricato judicial.
- Raymundo Esau Gradiz Vilorio: Juez, por prevaricato judicial.
- Héctor Alvarado Mejía: Exfuncionario de la PGR, por uso de documento falso.
- Rafael Eduardo Chávez Aguilar: Receptor del Poder Judicial, por falsificación de documentos.
MP presenta requerimiento fiscal contra exfuncionarios, un actual diputado, abogados y jueces que se coludieron para robarle al pueblo hondureño más de L 3,000 millones a través de demandas ilegales pic.twitter.com/4wsPuaS2Gj
— Ministerio Público (@MP_Honduras) July 29, 2025
El origen de la estafa: un contrato irregular post-Mitch
El caso se remonta al año 2000, tras el devastador paso del huracán Mitch. En ese entonces, el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no estaba legalmente autorizada para operar en el país. DRC Inc. subcontrató de manera ilegal a NAINSA.
En 2001, la ayuda internacional fue cancelada debido a inconsistencias detectadas en el contrato.
Sin embargo, años después, ambas empresas promovieron demandas fraudulentas basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), careciendo, por tanto, de validez legal.
La investigación revela una colusión flagrante: DRC Inc. y NAINSA establecieron un acuerdo confidencial.
El objetivo era presentar múltiples demandas contra la administración pública por los mismos hechos, fingiendo ser entidades separadas y comprometiéndose a no demandarse entre sí.
Esta coordinación evidenció una simulación destinada únicamente a defraudar al Estado.
Irregularidades arbitrales y desacato judicial
Para perpetrar el fraude, la red recurrió a procesos arbitrales plagados de irregularidades, incluyendo la presentación de escritos falsos y la utilización de un reglamento no publicado en el Diario Oficial La Gaceta para instaurar un arbitraje favorable.
Este proceso, presidido por uno de los imputados, culminó en la condena del Estado a pagar sumas millonarias.
La trama continuó en 2019, cuando NAINSA interpuso otra acción judicial basada en un Laudo Arbitral que ya había sido declarado nulo mediante resoluciones judiciales firmes en 2009 y 2013.
A pesar de esta nulidad, la jueza Irissabel Miranda Hernández admitió nuevamente la demanda.
En enero de 2020, como parte de esta estrategia, el entonces secretario de SEDECOAS, Nelson Márquez Euceda, remitió un informe legal a la Procuraduría General que recomendaba firmar un Acuerdo Ejecutivo para evitar una «erogación mayor», a pesar de tener conocimiento de la invalidez del laudo. Un mes después, SEDECOAS y NAINSA suscribieron el convenio extrajudicial para realizar pagos millonarios al margen de los procesos judiciales.
Sin embargo, Márquez Euceda incumplió lo pactado, a pesar de que en 2020 y 2021 ya se habían asignado partidas presupuestarias.
Este incumplimiento generó una nueva demanda de ejecución forzosa por una suma millonaria, que fue admitida nuevamente por la jueza Miranda Hernández.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Vilorio admitió otra demanda millonaria contra el Estado.
El MP sostiene que ambos jueces, a sabiendas de la nulidad del laudo arbitral, continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
La investigación también reveló que en una audiencia clave, el exfuncionario de la PGR, Héctor Alvarado Mejía, representante del Estado, no asistió, justificando su ausencia con un certificado médico cuya autenticidad fue desmentida por el laboratorio.
El Ministerio Público ha evidenciado que los imputados se beneficiaron directamente de los fondos obtenidos. Parte de este dinero fue depositado en cuentas personales de los involucrados y de sus familiares. Además, se identificaron pagos de hipotecas personales y transferencias directas a cuentas de individuos que tenían la responsabilidad de garantizar la legalidad de los procesos, consolidando así la magnitud del presunto fraude.
