El Ministerio Público (MP) de Honduras presentó este jueves nuevas evidencias sonoras que vinculan a un expresidente de la República en un presunto boicot contra los comicios generales del pasado 30 de noviembre. Los audios, que ya están bajo custodia judicial, revelan una estrategia para manipular la narrativa de los resultados electorales.
El portavoz de la institución, Yuri Mora, confirmó que la investigación ha sido delegada a la Unidad Especializada contra Delitos Electorales en conjunto con la Fiscalía para la Defensa de la Constitución. Según Mora, el enfoque de las autoridades se centra estrictamente en el contenido de las grabaciones y no en su origen técnico.
“El Ministerio Público está investigando lo que se dice en esos audios; no precisamente quién los envió, quién los grabó o cómo los grabó”, aclaró el portavoz.
Estrategia de narrativa y fraude
En una de las grabaciones presentadas, se instruye presuntamente a las representantes del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, para sostener una narrativa específica sobre los procesos de 2013 y 2017. El objetivo, según el audio, es argumentar que el Partido Libertad y Refundación (Libre) utiliza sistemáticamente la denuncia de fraude como respuesta a sus derrotas.
«En el 2021 nadie alegó nada porque tenían a esa mujer ahí, pero en el proceso de 2013 y 2017 siempre se cuestionó fraude, ustedes tienen que armarse de valor y decir exactamente lo mismo: que en los procesos donde ellos pierden siempre hay fraude, y acepten el conteo menos el voto por voto», detalla una de las voces en el material probatorio.
Transparencia en el escrutinio
Ante la crisis de credibilidad que estos hallazgos podrían generar, el Ministerio Público reafirmó su papel como veedor en el escrutinio especial. Esta intervención busca asegurar que el conteo final de votos respete la voluntad popular expresada en las urnas bajo principios de legalidad y transparencia.
Finalmente, Mora fue enfático al señalar que el actuar de la fiscalía es estrictamente institucional.
“La presencia del MP en el escrutinio especial no responde a presiones políticas ni de intereses particulares; responde únicamente a su deber constitucional de actuar cuando existen indicios que ameritan verificación y análisis jurídico”, puntualizó.
