Durante su participación en un foro organizado por la Universidad de San Pedro Sula (USAP), Salvador Nasralla generó debate al afirmar que Honduras tiene la segunda mano de obra más cara de América Central. 

La declaración, presentada como una crítica a las condiciones que afectan la competitividad del país, deja entrever una interpretación preocupante: que el problema radica en los salarios de los trabajadores y que la “solución” pasaría por reducirlos aún más.

El comentario de Nasralla ha sido interpretado por distintos sectores como una visión que ignora la realidad de la clase trabajadora hondureña, que enfrenta sueldos bajos, empleos inestables y un alto costo de vida. Según el propio Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), el salario mínimo en muchos rubros apenas cubre la canasta básica, lo que hace difícil sostener la idea de que los trabajadores hondureños sean “caros”.

Reducir salarios, como sugiere implícitamente esta crítica, no resolvería los problemas estructurales de productividad, inversión o eficiencia estatal. Por el contrario, profundizaría la precarización laboral y la desigualdad social que ya golpea a la mayoría de los hondureños.

En lugar de culpar al costo de la mano de obra, economistas y analistas proponen centrar la discusión en mejorar la capacitación laboral, incentivar la innovación tecnológica y fortalecer la institucionalidad. Sin esas reformas de fondo, el país seguirá atrapado en una lógica que castiga a los trabajadores mientras exime de responsabilidad a los sectores que concentran el poder económico.