Durante su participación en un foro político realizado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el presidenciable del Partido Liberal, Salvador Nasralla, anunció que una de sus principales propuestas de gobierno sería reducir el gasto público, con el objetivo según dijo de mejorar la eficiencia del Estado y controlar las finanzas nacionales.

Sin embargo, detrás de esta medida se esconde una discusión más profunda sobre sus posibles implicaciones sociales y económicas.

En términos económicos, reducir el gasto público significa que el Estado decide gastar menos dinero en comparación con lo que venía destinando a distintas áreas, lo que comúnmente se traduce en recortes en la inversión pública. Dichos recortes pueden afectar sectores fundamentales como salud, educación, infraestructura y programas sociales, pilares del bienestar ciudadano.

Aunque la reducción del gasto público puede parecer una estrategia responsable para equilibrar el presupuesto o controlar la inflación, en la práctica suele implicar menos inversión social y mayor participación del sector privado en la provisión de servicios públicos, lo que abre la puerta a procesos de privatización.

Un ejemplo reciente y cercano se observa en Argentina, donde el presidente Javier Milei emprendió una drástica política de ajuste fiscal basada en la reducción del gasto público. La medida, si bien buscaba estabilizar las cuentas nacionales, ha derivado en cierres de programas sociales, reducción de subsidios y debilitamiento de servicios básicos, afectando directamente a las clases trabajadoras y a los sectores más vulnerables.

Este tipo de políticas, si no se acompañan de mecanismos de protección social, pueden profundizar la desigualdad y deteriorar el acceso de la población a servicios esenciales. Además, una menor inversión estatal en infraestructura o educación tiende a frenar el crecimiento económico y a debilitar la capacidad del país para generar empleo.

En ese contexto, la propuesta de Nasralla de reducir el gasto público genera interrogantes sobre qué áreas serían afectadas y cómo se protegería a la ciudadanía frente a los posibles impactos de un ajuste fiscal.

Mientras el candidato sostiene que busca “hacer más con menos”, diversos analistas advierten que una reducción del gasto sin una estrategia clara de eficiencia y redistribución podría traducirse en un retroceso social y económico para Honduras.